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En un sorprendente cambio de la política exterior estadounidense, fuentes cercanas a la administración de Donald Trump revelaron hoy que el gobierno federal ha instruido a los fiscales en Miami a no proceder con las investigaciones penales en curso contra la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Rodríguez, quien asumió las riendas del Palacio de Miraflores tras la salida de Nicolás Maduro a principios de año, había estado bajo la lupa de la Administración de Control de Drogas (DEA) desde el 2018 por alegados vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero.
De acuerdo con los informes de prensa internacional, la drástica movida de Washington busca aliviar la presión sobre la mandataria venezolana para asegurar la estabilidad política en la región y facilitar los acuerdos petroleros en el país sudamericano.
El propio presidente Trump se ha referido recientemente a Rodríguez como una «persona estupenda» y ha elogiado públicamente su gestión en la industria energética.
Preocupación por «injerencia» en la justicia
Aunque la medida busca abrir caminos diplomáticos, la decisión no ha caído nada bien en diversos sectores legales en Estados Unidos.
Varios exfuncionarios del Departamento de Justicia ya han puesto el grito en el cielo, expresando su seria preocupación por lo que consideran una «politización» de los procesos judiciales del país, advirtiendo que utilizar la ley penal como ficha de trillo en negociaciones diplomáticas sienta un precedente muy peligroso.
Mientras tanto, en el bando contrario de la política venezolana, la líder opositora María Corina Machado —quien se encuentra en el exilio— ya anunció sus intenciones de regresar a Venezuela a finales de este año 2026 para postularse formalmente a la presidencia en los próximos comicios.
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