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El equipo legal del presidente Donald Trump presentó formalmente un aviso de apelación contra la orden dictada por la jueza federal de distrito Kathleen M. Williams, quien anuló el pacto alcanzado entre el Departamento de Justicia y el mandatario en relación con su demanda de 10.000 millones de dólares contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS).
El recurso, interpuesto ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Miami, busca revertir el contundente fallo del pasado 13 de julio en el que la magistrada concluyó que la demanda de Trump se había presentado con un «propósito inapropiado» y en «mala fe» para legitimar judicialmente un acuerdo que carecía de sustento legal.
El origen del conflicto: la filtración de datos fiscales
La disputa legal se remonta a la demanda multimillonaria que Trump, sus hijos mayores y la Organización Trump entablaron contra el IRS y el Departamento del Tesoro. El proceso se originó tras la divulgación no autorizada de sus registros tributarios confidenciales por parte de Charles Littlejohn, un excontratista de la agencia fiscal que posteriormente fue condenado a cinco años de prisión.
En mayo, el Departamento de Justicia de la propia administración Trump llegó a un acuerdo extrajudicial con los demandantes. Dicho pacto incluía:
- Inmunidad tributaria: La prohibición de que el IRS realizara futuras auditorías o investigaciones fiscales sobre las declaraciones pasadas de Trump, sus familiares y sus empresas.
- Fondo de compensación: La creación de un fondo de 1.800 millones de dólares denominado «anti-armamentismo» (anti-weaponization), destinado a indemnizar a personas que alegaran haber sido perseguidas políticamente por agencias federales.
El contundente reves de la jueza Williams
El 13 de julio, la jueza Williams dictaminó que el acuerdo era inaceptable desde el punto de vista constitucional. Señaló que al ser Trump el jefe del Ejecutivo —y por ende tener autoridad sobre el Departamento de Justicia y el IRS— no existía un verdadero conflicto adversarial entre las partes.
«El tribunal concluye que el asunto se planteó con una finalidad inapropiada: obtener el sello de legitimidad judicial para un acuerdo que no tenía base ni en la ley ni en los hechos», escribió la magistrada en su fallo de 56 páginas.
Además de anular la protección frente a las auditorías fiscales, la jueza dictó sanciones no monetarias contra altos funcionarios del Departamento de Justicia involucrados en la negociación.
Reacciones y postura de la defensa
Tras la presentación del recurso de apelación, voceros del equipo jurídico privado del mandatario reiteraron que el IRS permitió indebidamente que un empleado motivado políticamente filtrara información privada y confidencial. Subrayaron que Trump mantendrá su postura de hacer rendir cuentas a quienes perjudiquen a los ciudadanos y al país.
Por su parte, en declaraciones recientes desde Camp David, el propio Trump reconoció que el polémico fondo de 1.800 millones de dólares no saldrá adelante tras las presiones legislativas en el Senado. Sin embargo, la apelación mantendrá abierta la batalla legal en las instancias superiores sobre la validez de las cláusulas de protección fiscal y el archivo definitivo de la causa.
