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WASHINGTON, D.C. — La tensión entre Estados Unidos y el régimen de Nicaragua escaló tras las recientísimas declaraciones del mandatario Daniel Ortega, quien anunció públicamente que en el país «no volverá a haber elecciones» que permitan la participación de organizaciones opositoras. La respuesta de Washington no se hizo esperar: el gobierno estadounidense advirtió que la comunidad internacional no se quedará «de brazos cruzados» ante lo que consideran la consolidación definitiva de un modelo de partido único y autoritario.
La postura de la Casa Blanca
A través de un pronunciamiento oficial, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, lanzó una dura advertencia contra el régimen conformado por Daniel Ortega y su esposa, la copresidenta Rosario Murillo.
«La administración estadounidense y la comunidad internacional no se quedarán de brazos cruzados mientras la dictadura profundiza la represión y fabrica inestabilidad que amenaza la seguridad nacional. Abolir las elecciones demuestra su cobardía y miedo a la voluntad del pueblo nicaragüense», enfatizó Rubio.
La advertencia surge luego de que Ortega, de 80 años y en el poder de forma ininterrumpida desde 2007, afirmara durante el aniversario de la Revolución Sandinista que jamás permitiría que «partidos puestos por los yanquis» vuelvan a optar al gobierno. Tras estas palabras, la Asamblea Nacional de Nicaragua (controlada por el oficialismo) confirmó el inicio del análisis de reformas legales para acatar las «orientaciones presidenciales».
Alarma y rechazo diplomático regional
El giro radical del régimen ha encendido las alarmas en el ámbito diplomático:
- Organización de los Estados Americanos (OEA): Albert Ramdin, secretario general del organismo, sostuvo que el régimen de Managua «ha abandonado por completo la democracia».
- Costa Rica: El gobierno costarricense llamó a consultas a su embajador en Nicaragua como señal de protesta formal.
- Oposición en el exilio: Grupos opositores denunciaron que Ortega busca institucionalizar de forma irreversible un sistema dinástico y totalitario.
Aunque Washington mantiene vigentes duras sanciones —incluyendo la restricción de visados a más de 2.300 funcionarios nicaragüenses y sus allegados—, las declaraciones de Rubio insinúan que la Casa Blanca evalúa nuevas medidas de presión económica y diplomática si el régimen avanza en la cancelación legal del sistema electoral.
