SAN JUAN, PUERTO RICO — El Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, ha presentado una moción ante el Primer Circuito de Apelaciones en Boston para solicitar que la controversia legal sobre el despido de tres integrantes de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sea devuelta al Tribunal de Distrito de EE. UU. en San Juan.
La petición, radicada sin oposición de las partes involucradas, busca remitir la disputa a la jueza de distrito María Antongiorgi Jordán para que el procedimiento continúe tomando en consideración recientes fallos del Tribunal Supremo estadounidense sobre la independencia de agencias reguladoras e independientes.
El origen de la pugna judicial
La controversia comenzó tras la decisión de la Casa Blanca de destituir sumariamente a varios integrantes de la JSF. Tres de los funcionarios afectados —el presidente del organismo, Arthur J. González, así como Andrew C. Biggs y Betty A. Rosa— radicaron una demanda impugnando sus despidos por considerarlos ilegales.
Los demandantes argumentaron que la Ley PROMESA, estatuto federal que creó el ente de control financiero en 2016, establece expresamente que sus miembros solo pueden ser removidos de sus cargos por «causa justificada» y mediante el debido proceso, condición que no se cumplió al notificárseles su salida mediante breves correos electrónicos.
En octubre pasado, la jueza Antongiorgi Jordán determinó que el Ejecutivo federal violó la Ley PROMESA y ordenó la restitución inmediata de los tres funcionarios. Ante esta decisión, el gobierno de EE. UU. había recurrido al foro apelativo en Boston.
«No puede haber una sociedad libre sin leyes administradas a través de una judicatura independiente. Si a un hombre se le permite determinar por él mismo qué es ley, entonces todos los hombres pueden», citó en su momento la jueza Antongiorgi Jordán al fallar contra las destituciones.
El impacto de las recientes decisiones del Tribunal Supremo
El giro del Departamento de Justicia se produce en el contexto de resoluciones emitidas por el Tribunal Supremo de EE. UU. que han abordado el alcance del poder del Ejecutivo para remover a miembros de organismos independientes.
En su moción, la representación legal del gobierno federal señaló que se encuentra «considerando sus próximos pasos a la luz de la decisión de la Corte Suprema», por lo que entiende conveniente que sea la jueza de distrito en San Juan quien retome el caso y aplique los nuevos precedentes jurisprudenciales.
Implicaciones para la reestructuración financiera de Puerto Rico
El pleito tiene una trascendencia directa sobre la gobernanza de la JSF y el manejo de los asuntos fiscales de la isla. La disputa por la composición del organismo se da en un momento clave en el que el ente de control continúa supervisando el presupuesto del gobierno central y los procesos pendientes de reestructuración de deuda, como el de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
De ser aceptada la moción por el Primer Circuito de Apelaciones, el expediente regresará al Tribunal Federal de la calle Chardón en Hato Rey, donde Antongiorgi Jordán evaluará la validez del reclamo del Ejecutivo a la luz de las pautas establecidas por el foro máximo de la nación.
