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Nicolas Maduro y su esposa, Cilia Flores, aparecen esposados tras aterrizar en un helipuerto de Manhattan, escoltados por agentes federales fuertemente armados el pasado 5 de enero. XNY/STAR MAX GC Images
En el papel, luce como el organigrama de un gobierno. Ministerios. Agencias de inteligencia. Mandos militares. Misiones diplomáticas.
Pero en una amplia acusación federal presentada en Nueva York, los fiscales de Estados Unidos describen algo completamente distinto: un sistema que, según dicen, fue reconvertido en una de las empresas de narcotráfico más sofisticadas del mundo, operando desde los niveles más altos del poder en Caracas.
“Durante más de 25 años”, señala la acusación, “los líderes de Venezuela han abusado de sus posiciones de confianza pública… para (exportar) toneladas de cocaína a Estados Unidos”.
En el centro de ese sistema, afirman los fiscales, estaba Nicolás Maduro y un estrecho círculo interno de operadores políticos y militares — lo que funcionarios estadounidenses han llamado durante mucho tiempo el Cartel de los Soles.
Maduro y su esposa, la operadora política de larga trayectoria Cilia Flores, enfrentan cargos criminales en el Distrito Sur de Nueva York como parte de un amplio caso de narcóticos y narcoterrorismo que acusa a altos funcionarios venezolanos de participar en una conspiración de décadas para traficar cocaína con destino a Estados Unidos.
La acusación sustitutiva señala que Maduro y miembros de su círculo interno usaron sus cargos para proteger cargamentos y coordinar con redes de tráfico, situando el caso claramente bajo jurisdicción estadounidense porque, según los fiscales, la conspiración tenía como objetivo el mercado norteamericano.
Aunque fue presentada hace semanas, la acusación había permanecido en gran medida en segundo plano dentro del vertiginoso drama político de Venezuela, eclipsada por arrestos, maniobras diplomáticas y alianzas cambiantes. Sin embargo, un examen detallado del documento revela el relato más completo hasta la fecha de los fiscales sobre lo que describen como el Cartel de los Soles — un sistema que, aseguran, operaba desde los niveles más altos del gobierno.
A pesar de la magnitud de las acusaciones, el documento ha recibido un escrutinio sostenido limitado, dejando gran parte de su narrativa poco explorada. La acusación detalla de forma contundente cómo, según las autoridades, instituciones estatales, estructuras militares y redes políticas se entrelazaron con operaciones internacionales de tráfico, ofreciendo una hoja de ruta de corrupción presunta cuyas implicaciones van mucho más allá de los tribunales.
El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, baila durante las celebraciones del Día del Estudiante en el Palacio de Miraflores en Caracas, el 21 de noviembre de 2025. (Photo by Juan BARRETO / AFP via Getty Images) JUAN BARRETO AFP via Getty Images
Aunque fue presentada hace semanas, la acusación había permanecido en gran medida en segundo plano dentro del vertiginoso drama político de Venezuela, eclipsada por arrestos, maniobras diplomáticas y alianzas cambiantes. Sin embargo, un examen detallado del documento revela el relato más completo hasta la fecha de los fiscales sobre lo que describen como el Cartel de los Soles — un sistema que, aseguran, operaba desde los niveles más altos del gobierno.
A pesar de la magnitud de las acusaciones, el documento ha recibido un escrutinio sostenido limitado, dejando gran parte de su narrativa poco explorada. La acusación detalla de forma contundente cómo, según las autoridades, instituciones estatales, estructuras militares y redes políticas se entrelazaron con operaciones internacionales de tráfico, ofreciendo una hoja de ruta de corrupción presunta cuyas implicaciones van mucho más allá de los tribunales.
El caso cobró notoriedad mundial tras la operación del 3 de enero que resultó en la detención de Maduro por fuerzas estadounidenses, operación que funcionarios describen como la culminación de años de investigación sobre la red descrita en la acusación presentada ese mismo día en la corte federal.
Los fiscales sostienen que llevar el caso en Nueva York refleja tanto el impacto en Estados Unidos como los esfuerzos federales de larga data para procesar conspiraciones internacionales de narcóticos en tribunales estadounidenses, donde varios coacusados y asociados ya han enfrentado cargos relacionados.
UN APARATO ESTATAL RECONVERTIDO
El documento retrata a un país cuyas instituciones fueron transformadas en la columna vertebral logística de un oleoducto multinacional de drogas.
Maduro es descrito como estando “a la vanguardia de esa corrupción”, acusado de asociarse con co-conspiradores para usar “autoridad obtenida ilegalmente e instituciones bajo su control” para mover miles de toneladas de cocaína.
Según la acusación, la operación se basaba en un modelo simple pero poderoso: los traficantes aportaban dinero y lealtad; los funcionarios ofrecían protección, infraestructura e impunidad.
Los cargamentos se movían por Venezuela por mar y aire, saliendo de pistas clandestinas o puertos, a menudo bajo la protección de funcionarios militares y de inteligencia corruptos.
Las ganancias, dicen los fiscales, enriquecieron a miembros internos del régimen y a sus familias, al tiempo que reforzaban el poder político.
En conjunto, la acusación presenta al Cartel de los Soles menos como un sindicato criminal tradicional que como un sistema de patronazgo incrustado en los niveles más altos del Estado venezolano, donde la lealtad política y el acceso al poder determinaban la participación — y la protección — en actividades ilícitas.
El documento describe una jerarquía con altos funcionarios en la cúspide, supervisando una red que fusionaba autoridad política con empresa criminal, permitiendo a aliados de confianza y familiares beneficiarse y sostener el sistema.
La estructura aparece arraigada en el liderazgo militar — simbolizado por las insignias de “soles” usadas por oficiales de alto rango — y alimentada por las enormes ganancias del tráfico de cocaína.
Esos ingresos, según los fiscales, fluían a través de una red de funcionarios civiles, militares y de inteligencia corruptos que brindaban protección, apoyo logístico y cobertura institucional, creando lo que las autoridades caracterizan como un ecosistema duradero donde el poder estatal y el crimen organizado operaban en conjunto.
“Las ganancias de esta actividad ilegal fluyen hacia funcionarios civiles, militares y de inteligencia corruptos de todos los rangos, que operan en un sistema de patronazgo dirigido por quienes están en la cima — conocidos como el Cartel de los Soles”, afirma la acusación.
El documento presenta una narrativa amplia: no solo corrupción, sino un sistema en el que poder político, fuerza militar y alianzas criminales se fusionaron en una sola empresa — que, según los fiscales, operó durante décadas con alcance global.
Es, en esencia, el intento más detallado hasta ahora del gobierno de Estados Unidos para definir qué quieren decir los funcionarios cuando invocan el nombre Cartel de los Soles.
En su núcleo hay una acusación contundente: que la maquinaria de un Estado fue transformada en la infraestructura de una empresa criminal, donde el poder protegía la ganancia y la ganancia reforzaba el poder — un ciclo que, según los fiscales, perduró por una generación.
UN ECOSISTEMA DE TRÁFICO TRANSNACIONAL
La acusación también presenta al Cartel de los Soles no como una red aislada, sino como un centro de enlace con algunas de las organizaciones criminales más poderosas del hemisferio.
Entre ellas: las guerrillas colombianas FARC y ELN, el Cartel de Sinaloa de México y Los Zetas, y la red criminal venezolana Tren de Aragua.
Estas alianzas permitieron que la cocaína producida en Colombia transitara por territorio venezolano antes de dirigirse al norte a través de Centroamérica y México hacia los mercados estadounidenses.
Funcionarios presuntamente ofrecían refugio seguro y protección mientras coordinaban envíos y, en algunos casos, discutían transferencias de armas con líderes guerrilleros.
“Funcionarios venezolanos y sus familiares… se asociaron con narcotraficantes y grupos narcoterroristas, que enviaron cocaína procesada desde Venezuela a Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y Centroamérica”, señala la acusación.
El documento describe un ecosistema transnacional en el que cada grupo controlaba una parte de la cadena — producción, transporte, seguridad y distribución — mientras funcionarios venezolanos aseguraban que el sistema funcionara sin contratiempos.
PODER, LEALTAD Y EL CÍRCULO INTERNO
La imagen de Maduro que emerge es la de un líder político que aprovechó décadas en el gobierno para construir y sostener la red.
Como canciller antes de convertirse en presidente, dicen los fiscales, vendió pasaportes diplomáticos a traficantes y proporcionó cobertura diplomática para vuelos utilizados para mover ganancias de la droga, protegiéndolos del escrutinio de las autoridades.
Más tarde, como presidente y “ahora gobernante de facto”, Maduro permitió que “la corrupción alimentada por la cocaína floreciera para su propio beneficio” y el de miembros de su régimen y su familia, afirma la acusación.
“Mediante este tráfico de drogas, NICOLÁS MADURO MOROS… y miembros corruptos de su régimen facilitaron una corrupción impulsada por el narcotráfico en toda la región”, escribieron los fiscales.
El documento también traza paralelos entre Maduro y su predecesor, Hugo Chávez, señalando que participa, perpetúa y protege una cultura de corrupción en la que élites venezolanas poderosas se enriquecen mediante el narcotráfico.
El ministro del Interior Diosdado Cabello aparece como figura central dentro de la red presunta — un hombre que, según los fiscales, ejercía influencia sobre las fuerzas armadas y los servicios de seguridad.
El documento vincula a Cabello con envíos protegidos por funcionarios militares venezolanos y con coordinación con figuras de inteligencia involucradas en operaciones de tráfico.
Las autoridades describen un sistema en el que altos funcionarios como Cabello ayudaban a garantizar que los cargamentos se movieran con seguridad mientras mantenían contactos con traficantes e intermediarios criminales — reforzando su papel como figura operativa clave dentro de la estructura de poder de la red.
La acusación también incluye al hijo de Maduro, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, dentro de la conspiración presunta, presentándolo como parte del círculo interno que ayudó a sostener las operaciones. Se le acusa de participar en reuniones vinculadas a actividades de tráfico y de estar conectado con vuelos asociados a la empresa estatal petrolera PDVSA que en ocasiones se usaban para mover drogas.
Su papel, sugieren los fiscales, ilustra cómo la red presunta se extendía más allá del liderazgo político hacia estructuras familiares — reforzando la lealtad y la continuidad a través de generaciones de poder.
UN CONDUCTO MEDIDO EN TONELADAS
A lo largo del documento, los fiscales describen cargamentos de múltiples toneladas moviéndose por Venezuela con protección de funcionarios corruptos.
En un patrón recurrente, los traficantes presuntamente pagaban sobornos o compartían ganancias mientras funcionarios proporcionaban seguridad, acceso a infraestructura y cobertura política — un sistema que, según los fiscales, permitió que la cocaína fluyera de manera constante hacia el norte durante décadas.
La acusación subraya repetidamente la escala de la operación, describiendo “toneladas de cocaína” transportadas a través de la red a lo largo de los años.
El caso incluye cargos de conspiración de narcoterrorismo y conspiración para exportar cocaína, acusando a los imputados de trabajar con organizaciones designadas como terroristas mientras coordinaban operaciones de tráfico a gran escala.
Maduro y sus aliados han negado durante mucho tiempo las acusaciones, calificándolas de intentos con motivación política para socavar al gobierno de Venezuela.
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