[SAN JUAN] – Legislatura se une al pleito de DACO contra LUMA por cláusula que exime a la empresa de responsabilidad por negligencia.
El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, anunciaron el martes que ambas cámaras legislativas se unirán como amicus curiae (amigos de la corte) en la demanda presentada por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) contra LUMA Energy, el Negociado de Energía (NEPR) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
La acción legal impugna la validez de la cláusula 4.1(g) del contrato entre la AEE y LUMA, aprobada por el Negociado de Energía en 2021, la cual —según la demanda— otorga a la empresa operadora un relevo casi total de responsabilidad civil ante daños causados por fallas en el servicio eléctrico, incluso si estas se derivan de actos de negligencia ordinaria.
“Desde el Senado hemos advertido de los riesgos que representa este contrato para los derechos de los ciudadanos. Esta cláusula busca blindar a LUMA frente a actos de negligencia ordinaria, algo inaceptable en un servicio tan esencial como la energía eléctrica”, expresó Rivera Schatz mediante declaraciones escritas.
Por su parte, Méndez Núñez aseguró que la Cámara ha sido consistente en su postura sobre el tema energético. “Las acciones del operador privado LUMA Energy en contra de nuestra gente, denegando el derecho que tienen a reclamar por daños causados ante actos de negligencia en el servicio que ofrecen, es una afrenta al Pueblo que no vamos a permitir”, declaró el líder cameral.
Según el documento legal radicado por el DACO, la inmunidad fue concedida sin intervención de la Asamblea Legislativa, lo cual, alegan los presidentes legislativos, representa una delegación indebida de poderes y un atentado al orden constitucional.
La secretaria del DACO, Valerie Rodríguez, también denunció que la disposición impide que los ciudadanos afectados por fallas en el sistema puedan reclamar indemnización por daños a sus propiedades o enseres.
“El gobierno responde al pueblo y desde el Senado rechazamos toda acción que coarte los derechos de los ciudadanos”, reiteró Rivera Schatz.
Méndez Núñez añadió que el relevo de responsabilidad aprobado por el Negociado el pasado 31 de mayo de 2025 constituye “una usurpación al poder legislativo” y “un cheque en blanco” que deja a los consumidores “a la deriva”.
Ambos cuerpos legislativos argumentan que su intervención busca restablecer el balance de poderes y asegurar que los consumidores puertorriqueños conserven el derecho a reclamar daños por fallas imputables a negligencia del operador privado del sistema eléctrico.
Pese a la magnitud del reclamo y al impacto que puede tener sobre los derechos de los ciudadanos, hasta el momento se desconoce la razón por la cual la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC) no se ha unido al pleito.
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