El tribunal da la razón a la Administración de Trump y deja a venezolanos, haitianos, nicaragüenses y cubanos expuestos a la deportación
El Tribunal Supremo ha dado luz verde para que el Gobierno acabe con el programa parole humanitario que permitía la residencia temporal a 500.000 migrantes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela. En su respuesta a la solicitud de urgencia realizada por la Administración de Donald Trump, la Corte allana el camino para que los beneficiarios queden sin protección ante las deportaciones.
Con su decisión, el Alto Tribunal suspende cautelarmente el fallo de un juez de distrito que había bloqueado la cancelación del programa, que el presidente Donald Trump ordenó el mismo día de su investidura, el 20 de enero, y el Departamento de Seguridad Nacional hizo efectiva el 25 de marzo. Aunque el fallo reactiva la suspensión ordenada por el republicano, el caso aún seguirá su curso en los tribunales inferiores.
Las dos juezas progresistas, Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor, se pronunciaron en contra, advirtiendo que la mayoría no había tenido en consideración “las devastadoras consecuencias” que tendrá en la vida del medio millón de personas que residían legalmente en el país.
El parole humanitario fue un programa ideado por la Administración de Joe Biden para reducir el número de entradas irregulares y acoger a los migrantes que huyen de países en situaciones críticas. Los beneficiarios debían contar con un patrocinador en Estados Unidos para ingresar, que se haría cargo financieramente del recién llegado. El programa concedía la residencia temporal y daba el acceso a un permiso de trabajo.
El Gobierno de Joe Biden amplió el programa para venezolanos a finales de 2022 y para cubanos, haitianos y nicaragüenses, en enero de 2023. Con ello se redujeron las entradas irregulares de cientos de miles de migrantes, que, ante el fracaso del Congreso para aprobar una reforma del sistema de inmigración, habían disparado los cruces irregulares en la frontera.
“Las personas en parole cuentan con patrocinadores aquí y, en muchos casos, se han integrado en barrios y comunidades estadounidenses con la esperanza de obtener eventualmente un estatus legal a largo plazo (por ejemplo, asilo)“, afirmó la juez Jackson, quien señaló también que puede producirse un caos social y económico si tantos extranjeros son detenidos o expulsados repentinamente.
Los migrantes con el parole huyeron de situaciones de violencia y crisis económica de sus respectivos países. Al perder el permiso, sus beneficiarios se enfrentarían a la disyuntiva de tener que regresar a los países de los que salieron huyendo, o continuar en Estados Unidos y exponerse a ser detenidos y deportados por las autoridades migratorias.
Las organizaciones de defensa de los migrantes han criticado duramente el fallo del Supremo. “Es la mayor revocación de estatus legal en la historia moderna. Esta decisión tendrá consecuencias devastadoras e inmediatas, y forma parte de un intento más amplio del poder ejecutivo de justificar nuevas medidas represivas contra las familias en todo el país. El Gobierno no demostró ningún daño remotamente comparable al que se producirá si medio millón de personas pierden sus empleos y se ven sujetas a la deportación”, dijo Todd Schulte, presidente de la organización FWD.us, en un comunicado.
Este mes, el Supremo, que cuenta con mayoría conservadora de seis jueces frente a tres progresistas, ya había autorizado al Gobierno a cancelar el programa de TPS (Estatus de Protección Temporal) de 350.000 venezolanos, que se encontraban de forma legal en el país. El TPS ofrecía la residencia temporal a los migrantes que huyeran de países azotados por la violencia o por desastres naturales, sin necesidad de tener un patrocinador.
El País.Com
