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TRIBUNALES

Alcalde utilizó $6,000 del préstamo para alegadamente investigar supuesta infidelidad de su esposa

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El primer testigo de la fiscal Zulma Fuster sentado a declarar el señor Luis Baez ex jefe de Gabinete del municipio narró detalladamente como el alcalde utilizó el préstamo que obtuvo a través del Banco Popular para sufragar gastos de su campaña.

El testigo relato que conocia a Irizarry Pabón porque el fue paciente del medico y entablaron una amistad de muchos años.

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El testigo dijo que el alcalde le entregó un cheque de cerca de $30,000, él lo cambio y este a su vez se los entregó a la tesorera Damaris Sulivery y que este refiriendose al alcalde retuvo $10,000 para costear un detective privado para que investigara una supuesta sospechas de infidelidad por parte de su esposa Miyady Velázquez Pagan que costaría unos $6,000.

También admitió que en el negocio la casita del chef el alcalde se reunió con Oscar Santa María y Oscar Nazario donde el empresario le entregó $5,000 al ex jefe y director de campaña del alcalde Oscar Nazario.

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El testigo detalló en su testimonio el color del sobre entregado por Santa María y preciso que sabia que había dinero porque minutos más tarde se reunió con Nazario y este le entregó $3,000 y se quedo con los otros $2,000 por instrucciones del mismo alcalde ya que Nazario se los había prestado.

El testigo añadió que en varias ocasiones el alcalde lo reunió para discutir acerca del préstamo porque ya no podía pagarlo y se hacía difícil porque ganaba muy poco.

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El exdirector también dijo que él renunció a su puesto por alegadas diferencias del alcalde en referencia en que intentaba meter cosas de la iglesia al ayuntamiento.

A preguntas de la fiscal el testigo dijo que nunca fue investigado administrativamente por nada antes de abandonar su puesto.

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En sala se encuentran varios líderes del Partido Popular Democrático (PPD) como la vicepresidenta del Senado, Marially González, y los representantes Ángel “Tito” Fourquet y Domingo Torres.

El Alcalde enfrenta cargos por violaciones el artículo 251 del Código Penal por enriquecimiento ilícito y el artículo 4.2 b de la Ley de Ética Gubernamental referente al uso de las facultades de su cargo para obtener un beneficio personal.

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