Condenan a un hombre por un fraude de $150,000 al Seguro Social en la Isla

Fue sentenciado a tres años de libertad condicional y no podrá volver a ser representante ante la Administración del Seguro Social
Un hombre identificado como Samuel Pérez Rivera fue sentenciado a tres años de libertad condicional por la Jueza de Distrito de los Estados Unidos, Silvia L. Carreño Coll, por conspirar para cometer fraude electrónico contra el Seguro Social en Puerto Rico.
Así lo anunció hoy Stephen Muldrow, fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.
Pérez Rivera se declaró culpable del único cargo en su contra presentado el 12 de marzo de 2020.
Como parte de la sentencia impuesta, Pérez Rivera restituyó $150,000 a la Administración del Seguro Social (SSA, en inglés) y fue excluido, a perpetuidad, de participar como representante no abogado ante la SSA.
Pérez Rivera fungía como representante no abogado cuando presentó informes médicos psiquiátricos fraudulentos a la SSA que fueron preparados por él y firmados por el Dr. Américo Oms Rivera, quien había sido condenado el 5 de febrero de 2021 por conspiración para cometer fraude electrónico.
El 12 de marzo de 2020, el fiscal de Estados Unidos acusó a Samuel Pérez Rivera por fraude en un proceso para solicitar beneficios de seguro de discapacidad de la SSA en Puerto Rico.
Como parte de este esquema, el hombre admitió que a pesar de no ser médico, preparaba informes psiquiátricos, utilizando como base una plantilla y añadiendo citas médicas ficticias que nunca tuvieron lugar.
Así, buscaba crear la apariencia de un historial más largo de tratamiento médico  con el propósito de engañar a la SSA para que aprobara las prestaciones del seguro de invalidez.
Estos informes eran finalmente firmados por el psiquiatra Oms Rivera, y presentados a la SSA que es responsable de la aplicación del programa de prestaciones del seguro de invalidez.
«Este acusado defraudó a la SSA para obtener un beneficio personal. La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos continuará trabajando con nuestros socios en la aplicación de la ley para investigar y procesar este tipo de casos con todo el peso de la ley», dijo Muldrow en un comunicado de prensa.
Por su parte, Gail S. Ennis, Inspectora General de la Administración de la Seguridad Social, dijo: «Esta sentencia representa otro hito importante en este esquema de fraude que nuestros investigadores de la OIG (Oficina del Inspector General) y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos han trabajado diligentemente durante varios años para desmantelar».
«Seguiremos persiguiendo a quienes facilitan el fraude al Seguridad Social”, agregó Ennis y agradeció a la asistente especial del Fiscal de Estados Unidos, Vanessa D. Bonano Rodríguez, a cargo del procesamiento del caso.
La SSA proporciona prestaciones monetarias a los trabajadores con discapacidades graves y de larga duración, que han trabajado en un empleo cubierto por la SSA durante un período de tiempo requerido.
Los cónyuges y los hijos a cargo de los trabajadores discapacitados también pueden tener derecho a recibir prestaciones.
Los esquemas de fraude, como el perpetrado en este caso, comprometen la limitada financiación de la SSA y su capacidad para llegar a quienes necesitan las prestaciones, recordó Muldrow en un comunicado.