Acusan el primer menor de escuela pública por fraude al PUA

Los del colegio San Ignacio bien gracias

SAN JUAN–Un menor fue acusado por intentar cambiar un cheque del Programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA) y se le radicaron faltas por tentativa de apropiación ilegal agravada, fraude por medio informativo y cargo por falsedad ideológica con la finalidad de obtener los beneficios del programa federal.

Este es el primer caso que se radica a un menor de edad por fraude al PUA. El juez Jimmy Sepúlveda Lavergne del Tribunal de Primera Instancia de San Juan determinó causa en la vista quedando citado para la vista de causa para el 1 de octubre de 2020.

Se trata de un joven graduado de la escuela superior Miguel Such y residente en Hato Rey.

El Departamento de Justicia informó mediante un comunicado de prensa, que los hechos que se le imputan ocurrieron el 2 de septiembre de 2020.

El menor acudió a la sucursal del Banco Popular en Plaza Carolina, con la intención de cambiar un cheque por la cantidad de $8,058 del PUA, pero al ser identificado como menor de edad se activaron los protocolos de fraude de la sucursal y fue detenido por la Policía.

Según la investigación, el menor había sometido información falsa en cuanto a su edad, ocupación e historial de empleo para poder cualificar para el beneficio.

Este caso está cargo de la Procuradora de Menores, Marisol Flores Cortés, en coordinación con el agente Rafael Díaz Berrios de la División de Robo Bancos y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas del Negociado de la Policía de Puerto Rico.

El Departamento de Justicia informó que continúa investigando todos los casos relacionados al PUA en coordinación con el Negociado de la Policía. El Ministerio Público puntualizó que le radicará cargos a todos los que fraudulentamente han solicitado los beneficios del programa de PUA.

Más de 70 personas han sido intervenidas intentando cambiar los cheques obtenidos con información falsa. Además, este diario informó que alrededor de 15 mil empleados públicos, cientos de estudiantes menores de edad y confinados están bajo investigación por presuntamente obtener fraudulentamente estos beneficios.