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Departamento de Justicia Federal

Designan FEI para investigar a expresidenta de la CEE

Por la presunta contratación de una empresa privada para realizar labores de empleados de la CEE La expresidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Liza García Vélez, enfrentarã una investigación de un Fiscal Especial, luego que el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) acogiera la recomendación en ese sentido formulada por el Departamento […]

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Por la presunta contratación de una empresa privada para realizar labores de empleados de la CEE

La expresidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Liza García Vélez, enfrentarã una investigación de un Fiscal Especial, luego que el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) acogiera la recomendación en ese sentido formulada por el Departamento de Justicia.

En la resolución de rigor emitida por los exjueces Nydia M. Cotto Vives, Rubén Vélez Torres e Ygri Rivera Sánchez, se establece que el récord del informe que remitió Justicia contiene prueba conducente a demostrar que las alegaciones contra la exfuncionaria podrían ser objeto de presentación de cargos criminales.

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El informe de investigación preliminar remitido por Justicia está suscrito por la Fiscal Auxiliar III, Lcda. Wanda Meléndez Santos y por la Lcda. Phoebe Isales, Directora de la División de Integridad Pública.

Como fiscal especial independiente se designó a la licenciada Zulma I. Fuster Troche y, como fiscal delegado, al Lcdo. Manuel Núñez Corrada.

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Establece el Panel en su resolución que el asunto gira sobre la contratación de una empresa privada para realizar labores que presuntamente están establecidas coma parte de las funciones de varios empleados de la CEE.

Se aduce además, que se efectuaron pagos por otros servicios prestados que se alega no tenían un “fin público”, requisito indispensable para el otorgamiento.

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A esto se suma otra serie de situaciones sobre el pago retroactivo por servicios prestados, sin que mediara el trámite establecido legalmente que hiciera posible que dichos pagos se efectuaran correctamente. Esto, a su vez, ocasionó otras actuaciones administrativas, que resultan en un desvío del procedimiento establecido, con sus posibles consecuencias penales.

La fiscal Plaster y el fiscal Núñez tienen 90 días para realizar la investigación a fondo.

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