Tribunal Federal
Malletazo Federal a la “ACLU” Jueza federal deniega extender el periodo de inscripción electores
La jueza federal María Antongiogi Jordán desestimó esta tarde el recurso presentado la semana pasada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) que pedía extender el periodo de inscripción electoral hasta por lo menos el 6 de octubre.
La ACLU reclamaba, entre otras cosas, que los límites de tiempo establecidos para la inscripción de votantes equivalía a imponer cargas inconstitucionales a la ciudadanía.
La jueza federal decidió que el recurso “carece de respaldo legal o factual y amenaza con inyectar caos en la maquinaria electoral de Puerto Rico en esta etapa tardía”.
Cabe destacar que la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), la jueza Jessika Padilla Rivera, y el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, solicitaron a la corte federal la desestimación del interdicto presentado por el capítulo de Puerto Rico de la ACLU en favor de cuatro ciudadanos, por presunta violación a su derecho constitucional al voto.
La moción fue presentada durante el fin de semana y luego de que la jueza Antongiorgi Jordán optó por desestimar los reclamos de tres de los cuatro demandantes el viernes pasado durante una vista preliminar.
La CEE planteó en su moción que tres de los cuatro demandantes originales -Francisco Concepción Márquez, Dante Vélez Iriarte e Iris Delia Torres López- lograron registrarse para votar a través del Registro Electrónico de Electores (eRE) y obtuvieron su aprobación.
Previo a la vista, la ACLU modificó la demanda, sustituyendo a Concepción Márquez y Vélez Iriarte por otras dos personas, Víctor Altieri García y Alicia Vázquez Figueroa. Esta última también logró registrarse por medio del sistema electrónico, destacó la CEE.
“En suma, este Tribunal se niega a intervenir en los procesos electorales de Puerto Rico o conceder el recurso extraordinario de una medida cautelar. Los demandantes no han logrado demostrar que la fecha límite para el registro de votantes del 21 de septiembre de 2024 asciende a privación de derechos inconstitucionales o injusticia patente que justifique la intrusión federal en la administración electoral estatal.
Si bien la implementación de nuevos sistemas de registro puede que no haya estado libre de defectos, las pruebas ante este Tribunal no alcanzan el nivel de fracaso sistémico o supresión generalizada de votantes”, sostuvo la jueza.
“Los demandantes claramente no han logrado fundamentar sus alegaciones con pruebas competentes”, agregó Antongiorgi Jordán.
Por su parte, Lillian Aponte, comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana catalogó la determinación como “lamentable” debido a que los ciudadanos buscaron apoyo de instituciones que se “niegan a escucharles”.
Afirmó que la decisión habla de proteger una eficiencia que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) “nunca ha tenido”.
“La ciudadanía vivió lo atropellado que fue el proceso de cierre de inscripción, y lo caótico que fue el proceso, donde al día de hoy todavía se está atendiendo a electores que se encuentran en la incertidumbre de si podrán o no ejercer su derecho al voto.
El tribunal reconoce lo difícil que fue el proceso de inscripción para los electores, pero señala que extender el periodo podría poner en riesgo una eficiencia que nunca ha existido en la CEE.
Nuestro llamado es a salir a votar, para cambiar las cosas, para que los procesos electorales vuelvan a poner como prioridad al electorado y no las intenciones de manipulación de un partido”, señaló en declaraciones escritas.