Municipio de Arecibo
Albergue demanda al Municipio y a su alcalde tras allanamiento en busca del perro de Luar la L
La demanda solicita una restitución de $1,400,000 al igual que la rectificación de información
El Municipio de Río Grande, su alcalde, Ángel “Bori” González Damudt, y una sargento de la Policía Municipal de ese ayuntamiento fueron demandados el lunes por el Centro de Control y Albergue de Animales Capitán Correa, en Arecibo, y su director ejecutivo, Carlos Negrón Casalduc.
Según el documento legal provisto a El Nuevo Día, la parte demandante alegó que tanto el alcalde como la sargento Yashira Marie Silva Resto incurrieron en difamación, violación de derechos civiles y promovieron un allanamiento ilegal en torno a la búsqueda de Johnny, un perro perteneciente al cantante de música urbana “Luar la L” y quien desapareció de su urbanización en Río Grande.
De acuerdo con la demanda, el centro de control recibió cuatro perros de Río Grande el 9 de mayo, pero no fueron recogidos por esa organización, si no que se les entregaron por parte de un funcionario público de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias(OMME) de Río Grande de nombre Andrés Castro.
El sr. Castro… además certificó que renunciaba a la custodia de los cuatro perros, a cualquier reclamación de dominio sobre estos. Acreditó que no presentaría ninguna acción ni civil, ni criminal, administrativa respecto a los animales. Reconoció que los animales podrían ser eutanizados”, lee la demanda que además detalla que se reveló al Centro de Control de las responsabilidades legales.
El documento legal resalta que los cuatro perros que fueron presuntamente entregados al Centro de Control y Albergue Capitán Correa “no tenían chapa, tag o marca que permitiera conocer sus dueños”.
“El empleado del Municipio de Río Grande certificó que le pertenecían al Estado y que ponían en peligro la salud pública”, reitera.
Los cuatro perros, que solamente fueron identificados por sus pesos de 58, 46, 35 y 30 libras, fueron, de acuerdo con el documento, evaluados y se determinó que “constituían un riesgo a la salud y seguridad pública”. En esa determinación, además, pesó la información provista por el empleado municipal de Río Grande.