Federales buscan más víctimas de trabajador social acusado de explotación sexual y pornografía

Federales buscan más víctimas de trabajador social acusado por explotación infantil, pornografía infantil, explotación sexual y otros a hombre residente en Jayuya.

Si usted cree que fue víctima de este sujeto acuda al cuartel de la policía o comuníquese al FBI.

La Fiscalía Federal anunció el arresto y la acusación de un joven de Jayuya contra quien pesan cargos de explotación infantil, también llamado pornografía infantil, por actos aparentemente cometidos contra cuatro menores de edad.

El sujeto denunciado es Ángel Alexis Vázquez Sánchez, de 25 años. Sus víctimas fueron niñas y tenían entre 12 y 16 años.

De acuerdo con el anuncio, Vázquez Sánchez explotó sexualmente a las perjudicadas para que éstas tuvieran relaciones sexuales entre ellas y obtener fotos explícitas.

Por los hechos, que alegadamente ocurrieron entre diciembre del 2021 y mayo del 2023, el hombre ahora enfrenta cuatro cargos de coerción e incitación por uso de un celular, servicios de mensajería y redes sociales para participar en conductas sexuales explícitas con cuatro menores diferentes; otros cuatro por explotación sexual para producir representaciones visuales de la conducta ilegal; y dos cargos por transportar a una menor con la intención de participar en una actividad sexual delictiva.

A partir de la información compartida por la Fiscalía Federal, la Oficina del Inspector General del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD-OIG) fue parte clave y proveyó «asistencia significativa» a la pesquisa para revelar los actos de Vázquez Sánchez y arrestarlo.

Empero, la investigación manejaba por el Grupo de Crímenes Contra Niños y Tráfico Humano del FBI de San Juan sigue abierta y la agencia está pidiendo cooperación de la ciudadanía para localizar más posibles víctimas del hombre.

De creer que fue una de ellas puede llamar al FBI al 787 987 6500.

De resultar convicto, Vázquez Sánchez enfrenta una sentencia madatoria de entre 10 años hasta vida por transportar a un menor para participar en una conducta delictiva y entre 15 y 30 años mandatorios por la producción de pornografía infantil. Adicional, la probatoria sería de no menos de cinco años y hasta vida.

La fiscal Jenifer Y. Hernández Vega, directora de la Unidad de Inmigración y Explotación Infantíl, maneja el caso.