Este tipo de contrato requería del voto unánime a favor de los directores de la AAPP o de lo contrario no prosperaba.
La Junta de Directores de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) aprobó hoy el Contrato de Alianza para la Operación de los Activos Legados de Generación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
“Dicha aprobación se dio tras una serie de reuniones en las cuales se discutieron los detalles proyecto, se aclararon las dudas de todos los directores y se atendieron las sugerencias de los directores”, informó la corporación pública en comunicado de prensa. Este tipo de contrato requería del voto unánime a favor de los directores de la AAPP o de lo contrario no prosperaba.
Según la ley 29-2009 de las AAPP y la Ley 120-2018, Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico, ahora el asunto pasa a la consideración de la Junta de Gobierno de la AEE, cuyo pleno se reúne el 25 de enero. Además, se requiere el aval de la Oficina del Gobernador de Puerto Rico, quien delegó la función en la secretaria de la gobernación, Noelia García.
Aunque el contrato también requiere de una certificación por parte del Negociado de Energía, estableciendo que los acuerdos preliminares cumplen con el marco regulatorio, la política pública energética y el derecho que esté vigente, la AAPP no lo informó en su comunicado. De inmediato, ese ente independiente no había respondido si ya emitió o no su certificación.
“Conforme a lo establecido en la Ley 29-2009, una vez se obtengan dichas aprobaciones, se estarán comunicando los detalles del proyecto”, se indicó.
De inmediato, ninguno de los representantes del interés público ante la Junta de Directores de la AAPP, Eduardo Ferrer Ríos ni Liza Ortiz Camacho, estuvieron disponibles para comentarios.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, adelantó que se incluyeron las seis disposiciones que se habían exigido a cambio de que los representantes del interés público votaran a favor del acuerdo.
Esas seis disposiciones, como las explicaron la semana pasada, incluyen que en caso de que se requiera subcontratación se obligue a considerar primero empleados y empresas de Puerto Rico.
Asimismo, exigían que cualquier ahorro producto de la privatización se refleje como reducción en la factura del servicio; que no se permita la subcontratación de socios, aliados, subsidiarias ni otras organizaciones ligadas al consorcio elegido, mayor transparencia, la protección de los empleados y sus beneficios en la AEE y que las extensiones del contrato tengan que contar con el voto unánime de los dos representantes del interés público ante la Junta de Directores de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), como lo ordena la Ley 120-2018.
“Todo lo que pedimos, más adicional acordamos otras cosas más, aunque no puedo entrar en detalles, pero se incluyó las seis enmiendas, y tres o cuatro disposiciones para darle más fuerza y otros elementos adicionales que van a permitir que cualquier cosa futura no tengamos que estar en los tribunales todos los días para la cuestión de la transparencia”, afirmó en entrevista telefónica.
De otra parte, una fuente con conocimiento del proceso dijo que el segundo competidor que se consideró y no fue elegido estaba “más caro que el otro y la diferencia fue marcada”.
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