Municipio de San Juan
Refieren a Justicia hallazgos del contralor en San Juan
Auditoría del Contralor encuentra contratos contrarios a la ley El municipio de San Juan pagó $281,731 por materiales no recibidos como puertas, ventanas y cerraduras y por trabajos no realizados en ocho escuelas de la región educativa de la capital bajo la administración de la ahora exalcaldesa Carmen Yulín Cruz, “contrario a la ley y […]
Auditoría del Contralor encuentra contratos contrarios a la ley
El municipio de San Juan pagó $281,731 por materiales no recibidos como puertas, ventanas y cerraduras y por trabajos no realizados en ocho escuelas de la región educativa de la capital bajo la administración de la ahora exalcaldesa Carmen Yulín Cruz, “contrario a la ley y reglamentación aplicable”, concluyó un informe de la Oficina del Contralor.
Los hallazgos que surgen de la auditoría que cubrió desde el 1ro de julio de 2013 al 30 de junio de 2017 fueron referidos al Departamento de Justicia. Hace más de un mes.
El informe también recomienda que el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Carlos Blanco, se asegure de que el ayuntamiento capitalino cumpla con el plan de acción correctiva establecido por la Oficina del Contralor.
Ayer, Carmen Serrano, portavoz de Cruz, indicó en declaraciones escritas que “la alcaldesa ha hecho expresiones contundentes y extensas durante los pasados cinco años sobre esta situación. En este momento no hará ninguna expresión adicional”.
La auditoría del Contralor indica que “contrario a la ley y reglamentación aplicable, el municipio no formalizó contratos para obras y mejoras en 10 escuelas y por las cuales desembolsó $1,138,139.
Además, los auditores hallaron que cinco de los contratos y 12 enmiendas ascendentes a $689,487 tienen la firma de una persona que se identificaba como presidente y gerente de proyectos, que no estaba anotada en el Registro de Licitadores del municipio de San Juan como representante autorizado, ni en el Registro Único de Licitadores de la Administración de Servicios Generales”.
“Estas irregularidades ocasionaron que se aprobaran pagos indebidos y restan credibilidad a los procesos de compra”, agregó la Oficina del Contralor en comunicación escrita.
Se informó que el ayuntamiento emitió cinco pagos a un contratista por $399,877 con “la firma falsa del superior de las Brigadas de Impacto en los ‘conduces’ adjuntos a las facturas”.
La auditoría reflejó que se fraccionaron los trabajos de adquisición e instalación de puertas y ventanas en las escuelas Arturo Somohano y Manuel A. Pérez para evitar el requisito de celebrar subasta pública. En este caso, el municipio pagó $452,101 al contratista mediante ocho órdenes de compra.
La compra de las ventanas y puertas para los planteles en Manuel A. Pérez y Lloréns Torres fueron solicitadas por las Brigadas de Impacto, bajo el entonces director Henry Arriaga y el entonces secretario municipal, Magdiel Pérez.
De acuerdo con los documentos para la iglesia La Milagrosa el ayuntamiento adquirió el 16 de septiembre de 2016 las ventanas y solicitó su instalación a un costo de $41,587.
El número de la orden de compra es SMU #17662R-3. Los artículos fueron pagados el 25 de septiembre de 2016. En la orden se dispuso que los artículos debían ser entregados e instalados dentro de siete días a partir del 16 de septiembre.
El 15 de octubre de ese año, el municipio anunció las mejoras en ese recinto. La compra del edificio en el que había un colegio fue por $2.4 millones, de los cuales se abonó el primer plazo de $720,000 cuando se firmó la escritura y el balance de $1,680,000 se saldaría en cinco pagos anuales de $336,000.
Piden fijar responsabilidades
El alcalde de San Juan, Miguel Romero, indicó ayer que “esto es muestra de algunos de los muchos señalamientos que surgieron en el proceso de transición sobre la forma irresponsable en que el municipio de San Juan estaba siendo administrado bajo la dirección de la pasada alcaldesa. Por toda esta irresponsabilidad administrativa es que San Juan estuvo en el abandono por los pasados años”, puntualizó.
Agregó que se analizarán todos los hallazgos “y acataremos los planes de corrección que se tengan que adoptar”.
“De igual forma, es importante señalar que se deben fijar responsabilidades administrativas y si el Departamento de Justicia concluye que hubo actuaciones que ameritan el procesamiento penal, que así se haga hasta las últimas consecuencias”, acotó Romero.