José Luis Dalmau exigirá al Congreso que se exprese sobre el estatus

Exige que el congreso diga los contra de Puerto Rico convertirse en estado de la nación americana.

El novato presidente del Senado, José Luis Dalmau, exigió hoy al Congreso de Estados Unidos que se exprese acerca del estatus político de la Isla.

“Si bien los estadistas merecen una respuesta sobre sus votos, el resto del País también merece información certera sobre las serias consecuencias de una decisión tan trascendental como lo es un cambio de estatus”, dijo Dalmau durante un mensaje que sería transmitido en sus redes sociales.

Dalmau presentó un plan de acción que incluye varias resoluciones concurrentes. Una para requerir expresiones del Congreso y la Junta de Control Fiscal sobre las implicaciones que habría con un cambio de estatus.

Además, con la resolución se eliminaría el uso de fondos públicos para pagar salarios a emisarios estadistas y establece el 3 de noviembre de 2021 como fecha de vencimiento del acta de admisión prometida por la pasada administración.

La otra resolución crearía una comisión especial sobre el estatus político para examinar los posibles mecanismos procesales, el contenido y alcance de las propuestas y modelos de transición de todas las fórmulas de estatus.

En tanto, el presidente del Senado también radicó una resolución para exigirle al Congreso contestar cinco preguntas que considera importantes sobre el proceso de transición hacia la estadidad.

El Congreso deberá responder cuál es el impacto de las contribuciones federales en la economía; si el resultado tiene el aval del Departamento de Justicia federal; además, si un 52% es un mandato suficiente para anexar la Isla a la Unión; si se le requerirá a Puerto Rico el pago de contribuciones sin representación como ocurrió con Alaska y Hawái antes de su admisión, y cuál será el efecto de anexar a una nación latinoamericana que es distinta a los Estados Unidos.

El líder del senado indicó que “el Informe de la Oficina de Contabilidad General del gobierno federal ha expresado que la estadidad tendría un costo de sobre $6,000 millones en aumento de contribuciones y la reducción de ingresos propios del gobierno de Puerto Rico”.

Dalmau Santiago aseguró que un cambio de estatus trastocaría los planes futuros y el plan de ajuste de deuda, “porque los fondos federales que llegarían, no se pueden utilizar para el pago de la deuda. Nadie ha dado explicaciones sobre esto”.

“Trastocar las relaciones de Puerto Rico y los Estados Unidos es un asunto serio y no un juego político. Por esa razón, se hace impostergable que se le hable al País con la verdad y con absoluta transparencia”, enfatizó.

Dalmau también explicó que el Artículo 4.2 de la ley que viabilizó la consulta de estatus en las pasadas elecciones, establecía que de ganar el “Sí”, como ocurrió, iniciaría un proceso de transición para la admisión de Puerto Rico como estado de la Unión, con la radicación de un plan de transición que debió haberse radicado por la comisionada residente hace dos meses.

“Es decir, según la propia ley que aprobó dicha consulta, el mandato del Sí está sujeto a una respuesta del Congreso en un año, de los cuales por si no lo sabían ya solo les restan 8 meses y una semana.

Como fiel creyente en la democracia, aún sin coincidir con ese resultado, tengo el firme convencimiento que esa votación debe recibir una respuesta honesta y directa del Congreso de los Estados Unidos y de todos aquellos que tengan responsabilidad sobre sus consecuencias”, añadió el presidente senatorial.

De otra parte, el también presidente del Partido Popular Democrático, sostuvo que el uso de fondos públicos para enviar seis emisarios de la estadidad al Congreso y pagarles sus salarios, nunca fue consultado en la papeleta de votación.

Por eso, Dalmau ordenará la reducción de $1,250,000 del presupuesto destinado para el próximo año fiscal a la Oficina de Puerto Rico en Washington.

Además, le advirtió al primer ejecutivo que si desea enviar a representantes de la estadidad a cabildear por el estatus a Washington tendrá que hacerlo con fondos del Partido Nuevo Progresista.

“Si el señor gobernador desea enviar a seis cabilderos a la Capital federal para hacer el trabajo que se supone haga su comisionada residente, deberá pagarlo de los fondos de su partido político”, puntualizó.

Ante esto el primer ejecutivo del País, Pedro Pierlusi, sostuvo en sus redes sociales que «negarse a aceptar que abogar por la implantación del resultado de ese voto del pueblo es un fin público, deja al descubierto su propósito de tratar de malograr o impedir que Puerto Rico obtenga la igualdad que merecemos como ciudadanos americanos».

Asimismo, coincidió con el senador en que el Congreso debe expresarse sobre el estatus político de la Isla y aseguró que «esta administración hará valer la voluntad de nuestro pueblo de frente y en todos los frentes».

Por otro lado, Dalmau le requerirá a la Junta de Control Fiscal un memorando formal para saber si en el diseño de los planes fiscales y de ajuste de deuda que comprometen recursos por cuatro décadas se contempló un cambio de estatus que reducirá los ingresos al fondo general, que resulta ser la fuente de financiamiento del pago de la nómina, los sistemas de retiros y los acuerdos de pago de deuda.

Por otro lado el gobernador Pedro Pierluisi le salió al paso al presidente senatorial al señalar que “En su mensaje, el presidente del Senado José Luis Dalmau, acepta que el resultado en el que casi el 53% de nuestro pueblo votó a favor de la Estadidad fue válido y merece una respuesta del Congreso.

Debe recordar también que en el 2012, en otro claro resultado, más del 54% de nuestro pueblo rechazó el estatus actual que mantiene a Puerto Rico en una desigualdad insostenible.

Igual que la elección de cada uno de nosotros, incluyendo la del senador Dalmau, el resultado de la consulta de estatus fue legítima y tiene como consecuencia que ostentemos posiciones públicas durante este cuatrienio. Asimismo, el voto por la Estadidad tiene como consecuencia establecer inequívocamente que la voluntad del pueblo de Puerto Rico es que logremos la Estadidad.

Por lo tanto, toda acción para hacer valer esa voluntad del pueblo es por definición un fin público para el cual el gobierno tiene el derecho, y la obligación, de utilizar todos sus recursos para viabilizarla.

Decir que no hay un fin público para utilizar fondos públicos para abogar porque el Congreso le responda al reclamo de nuestro pueblo en esos plebiscitos es absurdo y antidemocrático.

No deja de sorprender que el presidente del Senado piense que Puerto Rico debe conformarse con una representante, por efectiva y trabajadora que es, pero sin voto y solo presente en uno de los cuerpos del Congreso, para abogar por todos los residentes de nuestra Isla. Por eso, es que necesitamos esas seis personas adicionales que aboguen por la igualdad de cada ciudadano y ciudadana americana en Puerto Rico. Y no hay requerimiento alguno de que un territorio tenga que ser territorio incorporado antes de ser estado, y nosotros los que queremos la igualdad, la queremos completa, no a medias.

Estoy de acuerdo en que la bola está en la cancha del Congreso, pero le recuerdo al senador, que aún si se tardara más tiempo en contestar, la voluntad de nuestro pueblo no tiene fecha de expiración. Decir que va a ignorar el deseo de igualdad de nuestro pueblo es una falta de respeto a cada puertorriqueño y puertorriqueña que se expresó en las elecciones del pasado noviembre.

Le recuerdo también que el rechazo al plebiscito de estatus de parte del Departamento de Justicia solo se retrae al uso de fondos federales para la consulta. De ninguna manera, el Departamento de Justicia ni el Congreso pueden limitar la expresión democrática de un pueblo, en particular de sus ciudadanos americanos.

Por otro lado, volver a traer el cuco de los impuestos como razón para rechazar la Estadidad, es nuevamente traer argumentos del pasado para contestar asuntos del presente y del futuro. Todos los estados de Estados Unidos mejoraron sus economías luego de convertirse en estados, y Puerto Rico no será la excepción. La cantidad de fondos federales adicionales que recibirá la Isla permitirá la reducción de sus tasas contributivas durante el periodo de transición hacia la Estadidad para que nuestros individuos y corporaciones no reciban un impacto negativo, y por el contrario, la mayoría de nuestra gente, en particular la fuerza trabajadora, se beneficiará grandemente.

Es hora de dejar de obstaculizar la estadidad única y exclusivamente por las contribuciones federales que eventualmente tendrían que pagar los contribuyentes acaudalados y las corporaciones que hacen negocios en la isla. No hay nada que impida al Congreso aplicar gradualmente esas contribuciones mientras le da a todos los residentes de Puerto Rico el trato igual que se merecen en los programas del gobierno federal.

¿Con qué cara se reclama trato igual en programas federales como el Medicaid, el Seguro de Ingresos Suplementarios, la asistencia nutricional y los créditos contributivos federales, y a la vez se reniega el derecho de nuestro pueblo a votar por el Presidente y tener representación con voto en el Congreso de Estados Unidos? ¿Con qué cara se le dice a Estados Unidos que Puerto Rico es una nación latinoamericana y se le pide que nos dé el mismo trato que a los estados en sus programas socioeconómicos?

¡Basta ya de tanta hipocresía o busconería!

Para colmo de males, el senador utiliza los planes fiscales y las imposiciones de la Junta de Supervisión Fiscal de excusa, cuando todos sabemos que como estado, lo primero que se va es la Junta.

Si nos respetamos a nosotros mismos, vamos a aceptar de una vez y por todas que Puerto Rico tiene dos caminos ante sí: el camino de la igualdad como un estado de Estados Unidos y el camino de la soberanía como una nación independiente de Estados Unidos. Y no hay quien pueda cuestionar que nuestro pueblo prefiere unirse en vez de separarse de Estados Unidos.

Concuerdo con el senador Dalmau de que un cambio de estatus en un asunto muy serio, y más allá que eso, la expresión democrática de un pueblo va por encima de todo en nuestro sistema republicano de gobierno. Por lo tanto, toda acción legislativa que vaya dirigida a ignorar la voluntad de nuestra gente será rechazada de plano por este servidor y debe ser rechazada por todos”.