Departamento del Trabajo
Radican primeras querellas contra empleados públicos por fraude al PUA
El Área de Querellas e Investigaciones de la Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG) radicó las primeras querellas contra empleados públicos que solicitaron y recibieron los beneficios del Programa de Asistencia de Desempleo por la Pandemia (PUA). Con esto, se da inicio a un procedimiento adjudicativo formal para determinar las penalidades que procedan. […]
El Área de Querellas e Investigaciones de la Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG) radicó las primeras querellas contra empleados públicos que solicitaron y recibieron los beneficios del Programa de Asistencia de Desempleo por la Pandemia (PUA).
Con esto, se da inicio a un procedimiento adjudicativo formal para determinar las penalidades que procedan. El proceso investigativo se dio en colaboración del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).
En este procedimiento los servidores públicos concernidos serán acreedores de las garantías del debido proceso de ley. Las querellas se sustentan en conducta ilegal al recibir los beneficios del PUA, sin tener derecho a ello.
“Desde que se identificaron irregularidades en las reclamaciones relacionadas a la compensación del PUA, hemos investigado diversos casos de posible fraude. Hemos estado en estrecha colaboración con la OIG proveyéndole asistencia técnica para que la misma pueda ejercer sus funciones fiscalizadoras”, dijo el secretario del Trabajo, Carlos Rivera Santiago.
La evaluación e investigación llevada a cabo estuvo a cargo del Área de Querellas en Investigaciones de la OIG, bajo las facultades conferidas en los artículos 2,7,8 y 17 de la Ley Núm. 15 de 2017, Ley del Inspector General de Puerto Rico.
Las querellas presentadas son parte de una primera etapa, no obstante, la OIG y el DTRH continúan trabajando conjuntamente en el proceso investigativo.
La OIG sostuvo que esta información parte del interés público que ha generado las reclamaciones del PUA. Para salvaguardar la pulcritud del proceso administrativo, la OIG indicó que no emitirá declaraciones adicionales.