Le raspan seis años de cárcel a la primera persona acusada por fraude al PUA

El hombre se declaro culpable a cambio de una sentencia menor de cuatro delitos criminales, entre estos apropiación ilegal de fondos públicos y robo de identidad.

SAN JUAN—Una Jueza del tribunal de San Juan sentenció a seis años de cárcel a la primera persona acusada de fraude contra el Programa de Asistencia de Desempleo Pandémica (PUA, por sus siglas en inglés).

Se trata de Miguel A. Martínez Rivera, de 45 años, quien el jueves pasado se declaró culpable de los cuatro delitos que se le imputaban en una vista que se llevó a cabo de manera presencial en el Tribunal de San Juan.

Al asumir culpabilidad, la jueza Gisela Alfonso Fernández aceptó el acuerdo de que se le impusiera una pena menor al acusado de la que hubiera incurrido si el caso llegaba a juicio en su fondo.

Martínez Rivera  quien fue el primer imputado por fraude al PUA fue arrestado el pasado 11 de agosto cuando intentó cambiar un cheque de $10,460 del beneficio federal en una sucursal del Banco Popular en el área metropolitana.

El individuo utilizó una información correspondiente a otra persona una identificación falsa.

Los delitos que cometió el ahora convicto fueron violaciones al Artículo 182 por Tentativa de Apropiación Ilegal Agravada de Fondos Públicos; un cargo por violación al Artículo 202 por Tentativa de Fraude; un cargo por el Artículo 209 por Apropiación Ilegal de Identidad; y un cargo por el Artículo 217 Traspaso de Documentos Falsificados.

Los fiscales del caso fueron Edmanuel Santiago e Ileana Agudo Calderón y el abogado de defensa fue Julio César Alejandro.

El teniente José Ayala, director de la División de Robo a Bancos del Negociado de la Policía de Puerto Rico también hizo admisión de ese escenario y descansó en la creación de un Task Force de fraude al PUA que se creó recientemente y que involucra al Buró Federal de Investigaciones (FBI) y a otras agencias federales, así como al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), a agentes inspectores del Departamento de Hacienda y los agentes de la Policía y al Departamento de Justicia.

Carrau recordó que algunos de los delitos criminales que se le pudieran imputar a personas vinculadas en fraudes al programa de desempleo conllevan extensas penas de cárcel.

“Por ejemplo, por apropiación ilegal de bienes públicos son 15 años de cárcel; por fraude son ocho años de prisión y por falsificar licencias son tres años”, explicó al exhortar a aquellos que hayan recibido cheques sin los méritos legales a devolverlos al Departamento del Trabajo.

“El catálogo de delitos que se pueden cometer cuando solicitas ilegalmente los fondos PUA varían”, agregó quien advirtió que esta semana se radicarían nuevos casos en el tribunal.

Al momento, Justicia ha radicado cargos contra 11 de 70 personas intervenidas por la policía entre julio y septiembre cuando intentaban cambiar cheques del PUA en instituciones bancarias.