Wanda Vázquez Garced se opone al acuerdo anunciado entre la Junta de Supervisión Fiscal y un grupo de bonistas

SAN JUAN—“En septiembre de 2019, mi gobierno consideró apoyar un plan de ajuste para comenzar el fin del proceso de quiebra de Puerto Rico. Con el final de la quiebra, volvemos a encaminar a Puerto Rico hacia el desarrollo económico y aceleramos la salida de la Junta de Supervisión Fiscal. Según mencioné en ese momento, el plan de ajuste no era un documento final y tendría cambios durante todo este proceso. Además, dejé claro que mi gobierno se mantendría vigilante a cualquier cambio que no fuera en beneficio del pueblo de Puerto Rico.

Por otra parte, como parte del proceso de quiebra, durante los últimos meses, el gobierno ha participado junto con la Junta de Supervisión Fiscal y un grupo de acreedores, en mediaciones obligatorias ordenadas por el Tribunal Federal. Durante este proceso de negociación, mi gobierno se ha guiado por un principio básico: si los bonistas reciben un mejor trato en el proceso de quiebra, los pensionados también deben recibir un mejor trato. De hecho, representantes de un grupo de bonistas que son parte de este nuevo acuerdo expresaron públicamente en el pasado que ellos se mantendrían en este tipo de acuerdo aun si los pensionados no reciben recorte alguno en sus pensiones.

Hoy, la Junta de Supervisión Fiscal anunció que ha llegado a un nuevo acuerdo con un grupo de acreedores de obligaciones generales, lo que modificaría el plan de ajuste que se radicó en septiembre de 2019. Este nuevo acuerdo, el cual requerirá legislación para poder implementarse, contiene ciertos aspectos positivos, como un recorte sustancial en el total de la deuda y una reducción en la cantidad que los bonistas recibirán.

El nuevo acuerdo también mejora la posición de los acreedores, ya que reciben unas nuevas protecciones legales que no eran parte del acuerdo al que se llegó en septiembre pasado.

Esto incluye la emisión de nuevos bonos subordinados de COFINA, que protegen a los acreedores de obligaciones generales mediante un gravamen estatutario, así como la creación de una cuenta de reserva, cuyos depósitos también estarán protegidos a favor de los bonistas mediante un gravamen estatutario. Además, aunque el acuerdo contiene ciertos aspectos positivos, como un recorte sustancial en el total de la deuda, contiene otros que resultan preocupantes.

Por todo lo anterior, y tras analizar cuidadosamente los términos de este nuevo acuerdo y en vista de que la Junta de Supervisión Fiscal se negó a mejorar el trato a los pensionados en el mismo, mi gobierno ha determinado no unirse a dicho nuevo acuerdo según sus términos actuales. Nuevamente, mi posición durante este proceso ha sido que si los bonistas reciben mejor trato en un nuevo acuerdo, los pensionados también deben recibir mejor trato. Esto es un asunto de justicia básica.

Los pensionados, como indiqué en septiembre, ya han hecho sacrificios en el pasado. Sin embargo, mientras que los bonistas reciben nuevas protecciones legales en este nuevo acuerdo, los pensionados no reciben ninguna mejora. Ante ese escenario, no puedo apoyar este nuevo acuerdo.

Mi gobierno seguirá insistiendo con la Junta en aras de que se mejore el acuerdo a favor de los pensionados, así como en todas aquellas áreas que sean en beneficio del Pueblo. No obstante, al igual que antes, me mantendré vigilante a todo posible cambio al plan de ajuste que no sea en beneficio de nuestra gente”.