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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Supremo mantiene dictamen de admitir prueba de alcohol en caso de Justin Santos

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Se mantiene la decisión del Tribunal Apelativo que había revocado la supresión de la prueba de alcohol realizada a Mayra Nevárez, luego de que el Supremo declarara «no ha lugar» un recurso.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió hoy una resolución con la que se mantiene el dictamen para admitir como evidencia la prueba de alcohol realizada a la acusada Mayra Nevárez en el caso por la muerte del joven Justin Santos.

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El Alto Foro judicial declaró «no ha lugar» un recurso de certiorari presentado por la defensa de Nevárez que buscaba acogieran el caso, luego de que el Tribunal de Apelaciones revocara la decisión de la jueza de Primera Instancia, quien había determinado suprimir la evidencia.

La resolución fue emitida en la Sala de Despacho integrada por el juez asociado Rafael Martínez Torres como su presidente, y los jueces asociados Erick Kolthoff Caraballo, Roberto Feliberti Cintrón y Ángel Colón Pérez.

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Fue el pasado 21 de julio de 2023 que la jueza Nerisvel Durán determinó suprimir la evidencia en el caso. Tras esa decisión, el Departamento de Justicia apeló ante el Tribunal de Apelaciones. El pasado 30 de octubre de 2023 el Apelativo revocó la determinación de la jueza Durán, dando paso a que la prueba realizada a Nevárez pueda ser utilizada en el caso judicial.

Según la investigación, Nevárez conducía en contra del tránsito, en estado de embriaguez y a exceso de velocidad por el puente Teodoro Moscoso el 21 de noviembre de 2022 cuando impactó el vehículo en el que viajaba Santos, provocándole la muerte, y heridas de gravedad a otro joven.

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Fiscal asegura tienen evidencia para probar embriaguez de imputada de arrollar a Justin Santos.

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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Suspenden indefinidamente a Juan Maldonado De Jesús del ejercicio de la Abogacía por compras de pruebas de COVID-19

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico, suspendió indefinidamente a Juan Maldonado De Jesús del ejercicio de la abogacía luego de sendos referidos legislativos a raíz del proceso fallido de compra de pruebas COVID-19.

“Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de la presente Sentencia, se suspende al Lcdo. Juan Maldonado De Jesús inmediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía y la notaría.

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Se le impone al señor Maldonado De Jesús el deber de notificar, a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar representándolos, devolver cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos.

Además, tiene la obligación de acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior, dentro del término de treinta (30) días, a partir de la notificación de esta Opinión Per Curiarri y Sentencia.

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Se ordena, además, al Alguacil de este Tribunal incautar su obra notarial, incluyendo su sello notarial, y entregarlos al Director de la Oficina de Inspección de Notarías para el correspondiente examen e informe a este Tribunal.

La fianza notarial del señor Maldonado De Jesús queda automáticamente cancelada; esta se considerará buena y válida por tres (3) años después de su terminación en cuanto a los actos realizados por el señor Maldonado De Jesús durante el periodo en que la misma estuvo vigente”, reza la sentencia.

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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Maite Oronoz Rodríguez Presidenta del Tribunal Supremo confirma padece de cáncer de seno

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La jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz Rodríguez confirmó que recibe tratamiento para combatir el cáncer de seno.

“Todos los años, en el mes de octubre, se conmemora el Mes de la Concienciación y la Detección Temprana del Cáncer de Seno.

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En este marco les comparto que, a principios de año fui diagnosticada con cáncer de seno. Gracias a la detección temprana y a los procedimientos que he sobrellevado, la prognosis es muy buena.

Próximamente estaré entrando en la última fase del tratamiento médico y lo enfrentaré con la fuerza y con la fe con la que he afrontado otros retos en mi vida.

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Durante el proceso continuaré al frente del Poder Judicial de Puerto Rico sin interrupción, como hasta ahora.

Estoy tranquila y convencida de que me sobrepondré. Estoy, además, profundamente agradecida por el apoyo de nuestras familias, especialmente por el apoyo incondicional de mi esposa Gina quien, junto a nuestros mellizos, ha sido mi sostén principal para enfrentar este diagnóstico”, expresó Oronoz.

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La jueza informó que diagnosticaron la enfermedad en etapa temprana.

“La educación sobre el cáncer es indispensable, y es que la sola mención de la palabra cáncer produce miedo.

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Parte de ese temor proviene de la falta de información sobre los avances y la efectividad de la medicina preventiva para mujeres y hombres. El miedo también se ancla en el acceso limitado y a veces inexistente a los cuidados médicos para algunas poblaciones,” añadió la letrado.

Estudios afirman que una de cada diez mujeres recibirá un diagnóstico de cáncer de seno en algún momento de su vida. La detección temprana puede ayudar a un tratamiento efectivo que elimine por completo la enfermedad.

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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Tribunal Supremo determina que los veredictos de no culpabilidad deberán ser unánimes

El Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó hoy que será necesaria la unanimidad del jurado en los veredictos de culpabilidad y de no culpabilidad en los casos criminales en la Isla. El máximo foro judicial emitió hoy la opinión al amparo de la Regla 50 de su reglamento, en el caso El Pueblo de Puerto […]

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Tiene hasta el 1 de mayo para expresarse sobre caso Tomás Torres Rivera

El Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó hoy que será necesaria la unanimidad del jurado en los veredictos de culpabilidad y de no culpabilidad en los casos criminales en la Isla.

El máximo foro judicial emitió hoy la opinión al amparo de la Regla 50 de su reglamento, en el caso El Pueblo de Puerto Rico v. Nelson Daniel Centeno.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, por voz del juez asociado Erick V. Kolthoff Caraballo, expuso que los padres fundadores establecieron la misma proporción decisoria tanto para los veredictos inculpatorios como para los absolutorios.

Señaló que “en ningún momento los constituyentes bifurcaron o distinguieron el resultado de la deliberación del jurado”. Sostuvo que Ramos v. Lousiana extendió una protección que obliga a los estados y a Puerto Rico con relación a los veredictos condenatorios y que, además, esa decisión trastocó la Sección 11 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico, al dejar sin efecto el fragmento del texto constitucional que disponía “veredicto por mayoría de votos en el cual deberán concurrir no menos de nueve”.

Según puntualizó, “debido a que la redacción de nuestra cláusula constitucional no permite la existencia de desproporción decisoria en los veredictos, la obligatoriedad del veredicto condenatorio unánime establecido en Ramos en beneficio del acusado, obliga a su vez la unanimidad en el veredicto absolutorio en nuestra jurisdicción”. Así, concluyó que, “a través de Ramos aplicado en Torres Rivera, el veredicto de culpabilidad que rendirá un jurado tiene que ser unánime evitando así el violentar la Sexta Enmienda de la Constitución Federal. Sin embargo, en el espectro de nuestra Ley Suprema los veredictos de no culpabilidad tienen que mantener la misma proporción decisoria para no quebrantar la Sección 11 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico”. Con este marco legal resolvió que “solo será válida la instrucción que explique al jurado que tanto el veredicto de culpabilidad como el de no culpabilidad deberá ser unánime”.

Por su parte, los jueces asociados Luis F. Estrella Martínez y Ángel Colón Pérez emitieron sendas opiniones disidentes.

Estrella Martínez sostuvo que la unanimidad en los veredictos absolutorios es incompatible con los pilares más básicos del derecho penal puertorriqueño. Sostuvo que dicha exigencia ignora otras protecciones constitucionales y no guarda consonancia con las garantías autóctonas de la Constitución de Puerto Rico. Puntualizó, además, que la opinión mayoritaria adoptó una visión restrictiva de los derechos individuales, cuando debió realizar una lectura armoniosa de las protecciones autóctonas de la constitución local, junto con las garantías individuales reconocidas y pautadas en Ramos v. Louisiana. Puntualizó que la necesidad simultánea de proteger la integridad del procedimiento criminal y salvaguardar los derechos de los acusados y las acusadas impide interpretar que un veredicto de absolución requiere unanimidad.

Por su parte, Colón Pérez rechazó aplicar la norma que se pautó en Ramos v. Louisiana a los veredictos de no culpabilidad en Puerto Rico. Expuso que la conclusión de la opinión mayoritaria se sustenta en una supuesta intención de simetría en los veredictos que no surge de las discusiones de los delegados de nuestra Constitución ni encuentra fundamento en el desarrollo de la normativa sobre el juicio por jurado en nuestra jurisdicción. A su juicio, se debió interpretar que el veredicto de no culpabilidad en Puerto Rico se logra con la concurrencia de al menos nueve de las doce personas que componen el jurado, hasta tanto el Pueblo o la Asamblea Legislativa dispusiera otra cosa.

La jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez no intervino en la controversia.

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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Otro revés contra el PPD y el Proyecto Dignidad supremo declara No Ha Lugar apelación contra Ricardo Rosello

Ricardo Rosselló Nevares seguirá como cabildero por la estadidad luego que el Tribunal Supremo de Puerto Rico decidiera no intervenir en el caso al declarar “no ha lugar” a los recursos de certiorari presentados por los enemigos de Ricardo Rosello. Quedará vigente la decisión del Tribunal de Apelaciones que lo certificó como un candidato que […]

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Ricardo Rosselló Nevares seguirá como cabildero por la estadidad luego que el Tribunal Supremo de Puerto Rico decidiera no intervenir en el caso al declarar “no ha lugar” a los recursos de certiorari presentados por los enemigos de Ricardo Rosello.

Quedará vigente la decisión del Tribunal de Apelaciones que lo certificó como un candidato que cumplía con los requisitos para el puesto y que lo llevaron a juramentar al cargo.

“Atendidos los recursos de certiorari de epígrafe se ordena su consolidación y se provee no ha lugar a ambos por considerar que la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones el 8 de julio de 2021 es sustancialmente correcta”, lee el documento, reseñado por diversos medios del País.

Tanto el Partido Popular Democrático como el Proyecto Dignidad habían acudido al máximo foro judicial para apelar la decisión que permitía al renunciante gobernador continuar en el cargo.

El pasado 8 de julio, un panel del Tribunal de Apelaciones —compuesto por los jueces: Roberto Rodríguez Casillas, Giselle Romero y Carlos Candelaria Rosa— revocó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que descalificaba a Rosselló Nevares como delegado  por la estadidad por no cumplir con los requisitos de ley para el cargo.

El foro judicial dictaminó que la jueza superior Rebecca de León Ríos “carecía de jurisdicción” para no permitir la certificación del ex gobernador.

Además, calificó la demanda como “prematura”, pues el panel de jueces entiende que un candidato por nominación directa o “write-in”, como en el caso de Rosselló Nevares, primero tiene que ser certificado por la Comisión Estatal de Elecciones como delegado congresional electo para luego evaluarse si cumple con los requisitos.

Rosselló Nevares juramentó como delegado congresional el pasado 7 de julio en una actividad celebrada en la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa, en inglés) en Washington D.C. luego que la CEE lo certificara al puesto tras una decisión previa del Tribunal de Apelaciones que ordenó “la continuación de los procesos conducentes a la certificación”, hasta que se resolviera el caso en sus méritos.

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Policíaca

Tras divulgarse los audios de Andrea Ruiz, el OPC vuelve al Tribunal Supremo a pedir que re-consideren el caso

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«Las circunstancias han cambiado” desde que el Tribunal Supremo de Puerto Rico no hiciera lugar al primer pedido del Overseas Press Club (OPC), el gremio de prensa más antiguo de la Isla, para que se divulgaran las grabaciones del caso Andrea Ruiz Costas, la mujer asesinada por su expareja, Miguel Ocasio Santiago. 

Luego de que NotiCel diera a conocer los 12 minutos 36 segundos que duró la audiencia de Andrea Ruiz Costas con la jueza Ingrid Alvarado Rodríguez, en la que se le terminó negando la ayuda y protección que había requerido, el OPC volvió a presentarse hoy ante el máximo tribunal con una nueva moción. 

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Amparándose en la Regla 45 del Reglamento del Tribunal Supremo, -2011 T.S.P.R.174-, el OPC buscó una una última oportunidad de para pedir a esa corte que revea el caso. Y “sopese los argumentos de derecho que hemos presentado en los dos escritos anteriores”

A pesar de que se reveló esa grabación, sin permiso del Tribunal, el OPC señala que el caso “no ha perdido relevancia”, según el gremio de periodistas. “Por el contrario. Ahora adquiere más relevancia” el audio de la vista judicial celebrada el 25 de marzo de 2021.

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“La reacción pública al escuchar el audio ha sido una madura, cuestionando con seriedad los temas relacionados a la violencia contra la mujer”, dice la moción del OPC en referencia a las repercusiones tras conocerse las grabaciones.

“Andrea Cristina recibió un trato digno de parte del Pueblo, no fue objeto de escarnio ni burla. Y se concretó el deseo que tanto la familia de Andrea Cristina como la ciudadanía tienen de conocer y fiscalizar lo que pasa en los procedimientos judiciales sobre violencia doméstica. Pero se concretó solo en parte”, dice la moción.

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El OPC ha vuelto al Tribunal Supremo porque, más allá de este caso en particular, busca sentar precedente para el futuro. “Estamos ante una controversia constitucional de libertad de prensa”, sostiene y recordó que históricamente, los proceso judiciales han estado abiertos al público y a la prensa.

Para el OPC ninguna de las resoluciones emitidas por el Tribunal Supremo en contra de su pedido y de una solicitud que hiciera Asppro, la asociación de prensa de Puerto Rico, se realiza un “análisis legal alguno de los principios de libertad de expresión, libertad de prensa y el derecho a acceso a la información pública”. 

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“En su lugar, nuestros reclamos han sido analizados bajo una forzada hermenéutica que se separa tanto de la letra de la ley como de la intención del legislador, y que pretende equiparar la protección de la identidad de las víctimas que comparecen a las Salas Especializadas en Casos de Violencia Doméstica con la facultad de sellar expedientes judiciales”, señalan con la esperanza de que el Tribunal Supremo revierta su decisión. 

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