J Santiago 
Las autoridades federales arrestaron a un maestro por enviar material obsceno a una menor y por intento de recepción de imágenes que involucran a un menor participando en conducta sexualmente explícita.
Según la acusación, en o alrededor del 17 de mayo de 2020, Jonathan Ortiz Medina, de 36 años y residente en Arecibo, transfirió a sabiendas material obsceno a una menor de dieciséis años e intentó recibir, a través de servicios de mensajería, imágenes que mostraban a la menor participando en una conducta sexualmente explícita.
«Como maestro, el acusado ocupaba una posición de confianza en nuestra sociedad posición que traicionó cuando cometió la conducta ilegal alegada», dijo W. Stephen Muldrow, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. «Continuaremos trabajando con nuestros socios de aplicación de la ley para investigar y procesar agresivamente a las personas que explotan a menores con fines sexuales y utilizan la tecnología para victimizar aún más a estos niños».
«El Departamento de Educación no tolerará ningún acto delictivo que afecte a nuestra comunidad escolar, donde debe prevalecer un ambiente de armonía y aprendizaje. Invitamos a cualquier estudiante o empleado a denunciar cualquier actividad sospechosa al equipo socioemocional, maestros y oficiales de seguridad en cada una de nuestras escuelas», expresó Eliezer Ramos Parés, secretario del Departamento de Educación de Puerto Rico. «Continuaremos colaborando con las agencias del orden público en todas las investigaciones, específicamente aquellas que amenacen la seguridad de nuestros estudiantes».
Ortiz Medina, quien fue arrestado el viernes 10 de febrero, tuvo su audiencia inicial ante el juez federal Marcos López. El imputado fue transferido al Centro de Detención Metropolitano de Guaynabo y está en espera de más procedimientos judiciales.
De ser hallado culpable, Ortiz Medina se enfrenta a una pena mínima de cinco a 20 años de prisión, seguidos de un período de libertad vigilada de hasta cinco años. También enfrenta una cadena perpetua por intento de recepción de pornografía infantil, y una pena de hasta diez años de prisión, seguidos de un período de libertad vigilada de tres años, por transferencia de material obsceno a un menor.
La detención se dio tras una investigación llevada a cabo por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), en cooperación con el Departamento de Educación de Puerto Rico y la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.
La fiscal federal adjunta Jenifer Y. Hernández-Vega, jefa de la Unidad de Explotación de Menores e Inmigración, lleva el caso.
