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Senado de Puerto Rico

Cuajan a puertas cerradas aumento de 4 por ciento de aumento en la factura de la luz

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SAN JUAN—El senador penepé Luis Daniel Muñiz abandonó molesto la reunión de la Conferencia Legislativa del Partido Nuevo Progresista (PNP) con la gobernadora Wanda Vázquez y dijo que no favorecerá el aumento en la luz que se cuaja en la reunión.

Muñiz dijo a la prensa que en la reunión se discute un aumento de 4% en la tarifa de la luz para cumplir con el acuerdo entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y los bonistas. En la reunión, que se celebra en el Capitolio, está presente el presidente de la AEE, José Ortiz.

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Esta reunión es entre los representantes y senadores del PNP con la gobernadora.

“El punto es que quieren hacer una reestructuración de la AEE a costa de un aumento y nosotros, todo el pueblo sabe que bajo la administración del Partido Popular fueron 99 impuestos al pueblo”, dijo el senador. “Yo todo lo que tenga que ver con impuestos, le voy a votar en contra”.

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Dijo que este aumento podría necesitar la aprobación de un proyecto legislativo. Esto contrasta con información que ofreció el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz quien en su última reunión con la gobernadora en Fortaleza dijo que discutieron la posibilidad de reducir la tarifa de la luz.

“Yo me salí incómodo con la situación. Están tratando de que legislemos eso para beneficio de la junta”, sentenció. “Es para inyectar a los bonistas y conmigo no cuentan. Es un aumento tarifario”.

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Senado de Puerto Rico

Senado avala incentivo para el año contributivo 2023

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Igualmente, favoreció enmiendas a la Ley de Máquinas de Juegos de Azar» para aportarle a los retirados de la Policía

El Capitolio – Como parte de los trabajos de la Séptima Sesión Ordinaria, el Senado aprobó la Resolución Conjunta de la Cámara 583 que asigna al Departamento de Hacienda la cantidad de $250 millones con cargo al Fondo General del tesoro estatal a los fines de financiar los costos relacionados con brindar un incentivo a ciertos individuos para el año contributivo 2023.

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“Descargamos la medida porque es simple y queremos aprobarla lo antes posible para que el secretario de Hacienda pueda hacer los cambios necesarios. Esto asigna $250 millones, y establece la metodología para que la gente radique sus planillas y el secretario de Hacienda haga un cómputo hipotético de cuánto hubiese sido esa contribución si se hubiese aprobado las tasas contributivas incluidas en el proyecto de Reforma que está en el escritorio del gobernador y no ha sido firmado”, expresó el senador y presidente de la Comisión de Hacienda, Juan Zaragoza Gómez.

De igual forma, Zaragoza Gómez detalló que la cantidad que las personas recibirán depende del ingreso tributable de cada uno. En términos generales, si su ingreso tributable es menos de $100 mil recibe un reintegro del 8 por ciento de su responsabilidad contributiva; si es más de esa cantidad, recibe un reintegro de 4 por ciento. “La responsabilidad contributiva es lo que a usted le sacaron durante el año, más lo que usted pagó”, añadió el senador. 

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A la vez, fue aprobado el segundo informe del informe de conferencia del Proyecto de la Cámara 1593 que propone enmendar la «Ley de Máquinas de Juegos de Azar» para aportarle a los retirados de la Policía de Puerto Rico un pago de al menos un 50 por ciento de su ingreso. Igualmente, busca regular la cantidad de máquinas de juegos de azar por negocio y sus premios. Además, busca establecer el periodo en que dueños mayoristas podrán pagar la totalidad de licencias de máquinas a las que tengan derecho.

Según establece la medida, mediante la aprobación de esta Ley,“se amplía la política pública relativa al retiro de la Policía, conforme a los recaudos recibidos de las máquinas de juegos de azar en ruta. Los recaudos gubernamentales no se afectan, puesto que el ingreso estaría disponible en el fideicomiso creado para otorgar los beneficios correspondientes”. 

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De otra parte, fue aprobado el Proyecto del Senado 1262 de la senadora Migdalia González Arroyo, para enmendar la “Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores”. Esto con el propósito de establecer una “orden de protección duradera” en aquellos casos de abuso sexual contra personas menores, cuya vigencia será hasta que la víctimacumpla la edad de18 años. 

“Es un mecanismo adicional para promover y ejecutar acciones en favor del mejor bienestar y seguridad de una persona menor hasta que alcance la edad de 18 años. Se constituye como otra alternativa esencial en la protección de los derechos y laseguridad de las personas menores frente al abuso sexual. Proporcionan un medio legal para evitar el contacto entre el presunto abusador y el menor, creando un entorno seguro que promueve la sanación y el bienestar”, cita el informe de la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez que atendió la medida. 

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En la misma línea, el cuerpo legislativo avaló el Proyecto del Senado 825 del senador Gregorio Matías Rosario para enmendar la “Ley para la Prevención Intervención con la Violencia Doméstica”, a fin de que los peticionados bajo esta ley, reembolsen al Estado Libre Asociado los costos por los servicios médicos ofrecidos por el seguro de salud a la parte peticionaria como consecuencia de actos de violencia doméstica. 

“Muchas veces los disuasivos no son lo suficientemente fuertes o la gente no le hace caso a la hora de cometer un acto de violencia doméstica, pero no podemos pecar con no tratar, con no tratar de que la gente entienda de que tenemos que parar con la violencia doméstica. En esta ocasión, este proyecto pretende que una persona que cometa violencia doméstica y la víctima necesite atención médica, el dinero que incurra el plan del gobierno, esa persona lo tiene que pagar”, expresó Matías en un turno. 

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También, se le dio paso al Proyecto del Senado 1110 de la autoría del senador Rubén Soto Rivera, para enmendar la “Carta de Derechos de las Personas Viviendo con VIH en Cualquiera de sus Etapas en Puerto Rico”. Esto para que se incluya el auxilio de la Oficina del Procurador del Paciente en instancias en que un paciente realice un reclamo de un tema relacionado a su salud.

“La Comisión de Salud coincide con los sectores consultados, y entiende meritorio la inclusión de la oficina del procurador del paciente para el auxilio de toda persona, que vive con un diagnóstico positivo a VIH. El ofrecer otra alternativa a esta población vulnerabilizada para realizar sus reclamos sin que se sientan amenazados o pasen por un proceso judicial más complicado, les brinda una plataforma más accesible para serescuchados”, reza parte del informe sometido por dicha Comisión. 

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De otra parte, el Alto Cuerpo dio paso a la Resolución Conjunta del Senado 365; las Resoluciones del Senado 882 y 883 y las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 428 y 491.

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Senado de Puerto Rico

Senado toma venganza contra designación de Francisco Rosado Colomer al Tribunal de Apelaciones

La exprocuradora de las Mujeres, Lersy Boria, sí recibió el aval de la mayoría de la Cámara Alta en su designación como jueza del Apelativo El Senado de Puerto Rico confirmó el martes en la noche a la exprocuradora de las Mujeres, Lersy Boria, como jueza del Tribunal de Apelaciones, pero derrotó la designación del […]

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La exprocuradora de las Mujeres, Lersy Boria, sí recibió el aval de la mayoría de la Cámara Alta en su designación como jueza del Apelativo


El Senado de Puerto Rico confirmó el martes en la noche a la exprocuradora de las Mujeres, Lersy Boria, como jueza del Tribunal de Apelaciones, pero derrotó la designación del expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) Francisco Rosado Colomer para un ascenso al mismo foro lo que muchos han catalogado como una venganza contra el expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones.

Las nominaciones hechas por el gobernador Pedro Pierluisi el pasado 25 de octubre fueron atendidas a través del mecanismo de descargue, por lo que no se le dió la oportunidad al designado de deponer en la vista de confirmación.

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Boria fue confirmada con los votos en contra de la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), integrada por los senadores Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lassén, y de la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago.

De igual forma votó el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Javier Aponte Dalmau, y el senador independiente, José Vargas Vidot.

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También, recibieron el consentimiento del Senado la portavoz de prensa del Departamento de Justicia, Joan Hernández, como Fiscal I, y Jessika Correa González, para un ascenso como Fiscal Auxiliar IV.

Rosado Colomer renunció, en julio, a la CEE, luego que la Asamblea Legislativa dejó sin atender, precisamente, su nominación en ascenso al foro apelativo.

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El nombramiento de Rosado Colomer como juez superior termina en diciembre, razón principal por la que optó por no quedarse al mando de la CEE cuando ya habría comenzado el período de radicación de candidaturas establecido por el Código Electoral.

Boria, por su parte, fue procuradora de las Mujeres y renunció, sorpresivamente, en agosto de 2022, e inmediatamente comenzó a trabajar como subsecretaria del Departamento de Estado.

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Junto con las designaciones de Boria y Rosado Colomer, se atendieron otros nombramientos a la judicatura.

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Senado de Puerto Rico

Senado aprueba nombramientos de Familia y Educación

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Ambas nominaciones fueron aprobadas a viva voz

El Capitolio-  Con una votación a viva voz, el Senado otorgó su consentimiento a los nombramientos de la secretaria de la Familia, Ciení Rodríguez Troche y la secretaria del Departamento de Educación, Yanira Raíces Vega. 

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“La secretaria de la Familia tiene todas las competencias, es producto del sistema público del país, y le ha dado una actitud afable y la tranquilidad al Departamento”, sostuvo el vicepresidente de la Comisión de Nombramientos, Rubén Soto Rivera. 

Por otro lado, la senadora del distrito de Humacao, Rosamar Trujillo Plumey comentó que “si alguien realmente está pendiente de este nombramiento soy yo como trabajadora social del Departamento de la Familia”. Añadió que le agradece la apertura que ha tenido a conversaciones y diálogo para tratar los temas del Departamento. 

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“Ha tomado muy en serio el abandono de envejecientes en hospitales al igual que el tema de la entrega voluntaria de niños para que lleguen a un hogar que los reciban con amor. Demos un paso al frente por Puerto Rico para que esta agencia continúe en orden”, añadió la senadora novoprogresista Keren Riquelme Cabrera. 

Del mismo modo, las senadoras Ana Irma Rivera Lassén y María de Lourdes Santiago Negrón, portavoces del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) respectivamente, se posicionaron a favor del nombramiento. 

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Por otro lado, se derrotaron los nombramientos de Hiram Pagani Díaz como presidente de la Comisión Industrial de Puerto Rico; Samuel A. Silva Rosas como comisionado de la Comisión Industrial de Puerto Rico; Ramón Cruz Alicea como comisionado de la Comisión Industrial de Puerto Rico para un nuevo término; y Jaime F. Rivera Emmanuelli como director ejecutivo de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico. 

En cuanto a las medidas aprobadas a viva voz se encuentran los informes de conferencia a los proyectos del Senado 51, 102 y 516. También, las resoluciones del Senado 597 y 851. Según ha transcurrido la sesión ordinaria, se han conformado 23 comités de conferencia. 

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Policíaca

Fuerte oposición de Codepola y la Asociación de armeros a enmendar la Ley de Armas

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El Capitolio – Durante una vista pública de la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano, los Departamentos de Seguridad Pública y Justicia se posicionaron a favor de un proyecto que busca enmendar la Ley de Armas de 2020, mientras que organizaciones de armeros están en contra de su aprobación. 

El proyecto de la Cámara 1648 propone enmendar la “Ley de Armas de 2020” y establecer topes al número de municiones que se pueden adquirir en un año natural y enmendar la cantidad de municiones adquiridas por una persona de 20 mil a cinco mil. De adquirir esta cantidad, las armerías deberán notificar a la Oficina de Licencia de Armas del Negociado de la Policía, así como las facultades de la Policía para investigar a los compradores de las municiones.

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“El proceso de la legislación es extraordinario, pero el problema es muy abarcador. Hay que mirar todo de alguna manera y buscar una solución para un problema (el uso de armas y municiones) que cada vez se torna más complejo”, destacó el presidente de la comisión, Thomas Rivera Schatz.

En representación del Departamento de Seguridad Pública, la licenciada Omara Arias explicó que la agencia está a favor de la medida, pues “desde una perspectiva de seguridad pública merece total apoyo, ya que en nuestro país se utilizan armas de fuego durante la comisión de la mayoría de los asesinatos y robos”.

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De igual forma, el Departamento de Justicia, representado por la licenciada Elba Cruz, están a favor de la pieza legislativa. En su ponencia, Justicia no observa impedimento legal en que se disminuya o modifique la cantidad de 20 mil municiones, para que los armeros notifiquen la adquisición a la Oficina de Licencia de Armas, y esta ostente jurisdicción para indagar sobre el uso de dichas municiones.

A preguntas del senador Rivera Schatz, Cruz comentó que la compra de municiones no hace sospechosa a una persona. No obstante, si excede de 20 mil municiones pudiese verse como un sospechoso. El texto de la ley no limita la cantidad de municiones, pero establece un borde para que los armeros notifiquen una compra excesiva para que el Negociado pueda investigar. Si hay motivos para investigar a una persona en más de una ocasión, se puede hacer. 

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Por otro lado, el doctor Diego Zavala del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, destacó que, anualmente, en promedio el 87.6 por ciento del total de los homicidios se utilizó armas de fuego (90 por ciento hombres y 56.7 por ciento mujeres).

Zavala dijo que la DEA ha denominado a Puerto Rico y a las Islas Vírgenes como un área de alto tráfico de drogas. En el 2022 se importaron más de 25 millones de municiones a Puerto Rico, y los grupos armados del narcotráfico no tienen problemas en obtener municiones. “Este es un esfuerzo para conocer quiénes están adquiriendo municiones”.  

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El también portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP), cuestionó si hay algún esfuerzo contra aquellos delincuentes que se les incautan armas que no están registradas, pues se evalúa la cantidad de municiones, pero no las armas y “el crimen organizado estaría riéndose de nosotros”. El Departamento de Seguridad Pública respondió que la Superintendencia de Asuntos Criminales está haciendo un esfuerzo para evaluar esta situación.

“Hay que ver de las importadas, cuales se decomisaron o cuáles se utilizaron para fines de práctica. Hay que tener una data para saber estos datos. Debemos saber qué cantidad compra el Gobierno estatal y federal”, comentó Rivera Schatz. 

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Por su parte, el representante José Bernardo Márquez Reyes, autor de la medida, cuestionó por qué hay un alza acentuada en la aprobación de la licencia para portar armas. El teniente Jonny Acevedo Román informó que hasta ayer habían 180,540 solicitudes de las cuales 179,066 han sido aprobadas, y atribuye el alza a que la Policía es quien brinda la licencia y no el Tribunal; además es más económico.

El senador Rivera Schatz le preguntó al teniente si puede afirmarle al Senado que las 179,066 licencias que han sido aprobadas son “a conciencia” de que el ciudadano está apto para poseer armas, y afirmó que sí. 

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Por otro lado, organizaciones como la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas (CODEPOLA), la Asociación de Armeros, la Federación de Tiro de Armas Cortas y Rifles, y la Legítima Defensa se posicionaron en contra de la medida. 

“El Negociado de la Policía ya tiene una carpeta de todos los ciudadanos que poseen licencia de armas. Pero como el carpeteo es ilegal, pretende el Estado pasar la responsabilidad al armero. Si ya el Negociado sabe que la persona compró la cantidad de municiones que daría comienzo para intervenir, ¿por qué el armero tiene que notificar lo que ya el Estado conoce?”, lee la ponencia de la Asociación de Armeros. 

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A modo de panel, los armeros comentaron que la segunda enmienda de la Constitución confiere el derecho a los ciudadanos a tener, poseer y portar armas de fuego y municiones, por lo que la medida pretende violar este derecho.  

La senadora Marissa Jiménez Santoni y el senador Rafael Bernabe participaron de los trabajos. 

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Senado de Puerto Rico

Senadora advierte recortes de la Junta podría sacar a miles de la Reforma de Salud

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La senadora Keren Riquelme rechazó la propuesta de la Junta de Supervisión Fiscal de recortar $249 millones del presupuesto operacional de Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), pues dicha movida pondría en riesgo la cubierta de seguro médico de miles de personas.

“Voy a dejar esto claro: con la salud de nuestra gente no se puede jugar. El recorte de qué propone la Junta, cuyo presupuesto para el 2023-2024 fue radicado, con mucho entusiasmo por la delegación del Partido Popular Democrático, podría colocar en riesgo a miles de personas que actualmente tiene el plan médico del gobierno, Plan Vital, y eso no lo podemos aceptar”, dijo la Senadora por Acumulación.

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El nuevo director ejecutivo de la junta, Robert Mujica, envió una misiva a la directora de la ASES, Edna Marín y el secretario del departamento de Hacienda, Francisco Parés, indicando su intención de reducir de $814 a $565 millones el presupuesto vigente de la ASES debido a los fondos federales que se esperan para financiar los programas de Medicaid y Medicare en la Isla.

La diferencia ($249 millones) sería repartida entre otras agencias del gobierno central.

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“Nosotros hemos luchado por los fondos para los programas Medicaid y Medicare y se logró alcanzar $3,275 millones para el año fiscal 2023, pero todavía no han llegado en su totalidad y la eliminación de casi $250 millones pondría a la ASES en una posición difícil y pondría en peligro la cubierta médica a miles de personas que actualmente gozan de la Reforma de Salud. Hago un llamado a los miembros de la Junta a evitar esta posibilidad”, señaló Riquelme.

La Senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP) recalcó que los $3,275 millones en fondos federales son para el año fiscal federal, que inicia el 1 de octubre de 2022 y termina el 30 de septiembre de este año. En Puerto Rico el año fiscal es del 1 de julio hasta el 30 de junio.

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Riquelme también dijo que estará suscribiendo una comunicación a Mujica expresando su rechazo a la propuesta de transferencia de fondos.

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