Tribunal de apelaciones revoca al tribunal de primera instancia en el caso de Elizabeth Torres

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico determinó revocar la sentencia apelada en el caso que llevó el Departamento de Justicia para destituir a la delegada congresional Elizabeth Torres Rodríguez, y ordenó devolver el mismo al Tribunal de Primera Instancia (TPI) para que continúe con los procedimiento, según un documento que obtuvo NotiCel.

Según la determinación que firma el panel de jueces, el TPI deberá pasar juicio sobre si Torres Rodríguez ha incumplido los deberes de su cargo o no.

El pasado mes de abril, el juez Anthony Cuevas Ramos resolvió desestimar el recurso especial que había emitido el Gobierno de Puerto Rico para que se relevara de su posición como delegada a Torres Rodríguez.

El togado se centró en que «la acción presentada por el Gobierno trata sobre una cuestión política en la cual los tribunales no deben inmiscuirse».

Sin embargo, el Apelativo refuta esa alegación aludiendo a que la desestimación del pleito es «improcedente en derecho» e indicando, que como delegada de la estadidad, Torres Rodríguez tiene tres funciones específicas con las que cumplir: presentar informes cada 90 días sobre sus gestiones en favor de la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos, exigir al Congreso que Puerto Rico sea admitido como estado federado, y trabajar a tiempo completo por este fin.

El TPI debe pasar juicio sobre si Torres Rodríguez cumple o no con esas funciones.

«Según observamos, los hechos bien alegados ponen en tela de juicio las actuaciones de la Sra. Torres Rodríguez como delegada especial, en específico, el cumplimiento de esta última con los deberes que le impone su cargo, de las alegaciones se desprende que la parte apelada ha omitido informar sobre sus gestiones en el Congreso y no ha rendido cuentas de las gestiones a las cuales fue electa», indica el panel de jueces, al mismo tiempo que apuntan a que no se debe desestimar el caso porque «envuelve un alto interés público».

También en abril, el gobernador, Pedro R. Pierluisi Urrutia aludió a que la delegada «no está cumpliendo con su deber» y dijo que no estaba de acuerdo con la determinación que había emitido Cuevas Ramos.

La delegada por la estadidad ha sido ha despotricado en contra de Pierluisi Urrutia en los pasados meses, entre otras cosas, por el manejo de la pandemia de covid-19.

Por su parte, el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, mencionó que su dependencia ha actuado conforme con la ley.

“Ahora volvemos al foro primario para así demostrarlo”, sostuvo el titular en declaraciones escritas en las que destacó que Justicia ha planteado en este caso “una controversia justiciable y clara de si esta persona (Torres Rodríguez) está cumpliendo o no con los deberes establecidos en la legislación”.

Asimismo, Emanuelli Hernández reiteró que los gastos de fondos públicos deben ser legítimos, legales y prudentes, deben promover la máxima economía y óptima utilización de los recursos públicos y su desembolso debe conllevar una validación previa de trabajo realizado en cumplimiento con la ley y las normativas concernientes.

“Bajo nuestro ordenamiento jurídico no se podría sostener el desembolso irrestricto y a ciegas de fondos públicos, máxime cuando una persona está en clara y directa contravención con la ley”, agregó.

Según la información suministrada por el Departamento de Justicia, Torres Rodríguez devenga un salario de $90,000 al año y podría solicitar hasta $30,000 anuales en reembolsos. Estos fondos provienen del presupuesto asignado por el Gobierno de Puerto Rico a la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, en inglés).