Juez rechaza la petición de un grupo de ciudadanos para evitar la vacunación obligatoria para estudiantes

El juez Alfonzo Martínez Piovanetti declaró no ha lugar la petición que hiciera un grupo de más de 300 ciudadanos para evitar que la vacunación contra el covid-19 sea obligatoria para los estudiantes del sistema público y para los empleados del gobierno.

«El requisito de vacunación contra el covid-19 para los estudiantes y empleados de las instituciones educativas es una medida necesaria para lograr el interés apremiante de garantizar la educación y salud pública, mitigar los efectos nocivos de la pandemia y alcanzar finalmente una inmunidad de rebaño en el País», dice la sentencia emitida por el juez.

El grupo solicitó que se ordenara un cese y desista al secretario de Salud, Carlos Mellado, para que no pueda hacer que la vacunación sea compulsoria para los estudiantes del Departamento de Educación. Además, reclamaron que se les conceda una compensación por una cantidad no menor de $50,000.00 a cada reclamante por «violación de derechos».

También, solicitaron que se conceda una compensación en daños por una cantidad no menor de $20,000.00 por concepto de daños morales y angustias mentales sufridas por los demandantes; y una cantidad no menor de $75,000.00 por concepto de honorarios de abogado. Ante esto, el juez sostuvo que los demandantes «no han logrado acreditar que hubiesen sufrido un daño irreparable, ni tampoco que los daños que pudieran sufrir a partir de la vigencia de la Orden Administrativa 2021-509 sean reales, inmediatos y precisos».

Durante la vista que atendió el Tribunal de Primera Instancia, los abogados y demandantes calificaron a las vacunas que son administradas por el Departamento de Salud en la Isla como «experimentales». Sin embargo, el juez determinó que ya existe evidencia suficiente que indica que «las fases experimentales de estas tres vacunas ya fueron completadas exitosamente, por lo que constituye un error fáctico y jurídico caracterizar estas vacunas como “experimentales”.

«Concluimos que el mandato establecido por el Estado para requerir la vacunación contra el covid-19 en nuestras escuelas y universidades –en conjunto con otras medidas de salud pública como el uso de mascarillas, lavado de manos, pruebas para los no vacunados y distanciamiento físico en aquellos escenarios susceptibles a la aglomeración de personas en espacios cerrados– constituye una medida necesaria para adelantar ese interés apremiante del Estado», añadió el juez.