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Agencias Federales

Departamento de justicia tiene activa 13 fiscalías y el FBI para investigar los fraudes al Programa PUA

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SAN JUAN–El Departamento de Justicia no suelta prenda sobre la pesquisa de fraude al programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés que se alega cometieron unos 40 estudiantes del Colegio San Ignacio de Loyola.

Las querellas relacionadas con estudiantes de otras escuelas públicas y privadas que se alega incurrieron en la misma práctica aumentaron dramáticamente.

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“El caso es complicado, hay que examinar los expedientes de las solicitudes, en su mayoría menores, y después allanar cuentas bancarias”, dijo una fuente de Justicia.

Otras fuentes señalan que la procuradora de Menores, Marisol Flores, es quien está investigando el grueso de los casos de San Ignacio y que en medio de la pesquisa siguieron llegando querellas de estudiantes de prácticamente todo Puerto Rico y ya son cientos los sospechosos.

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En la tarde de ayer, Justicia dijo mediante declaraciones escritas que “la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, en coordinación con las 13 fiscalías, se encuentran investigando toda querella relacionada a los fondos de desempleo del programa de Asistencia de Desempleo Pandémico, conocido por sus siglas como PUA, que se nos han referido del Negociado de la Policía de Puerto Rico y el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos”.

Agregó que “con la colaboración de los agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico, y el FBI, nuestros fiscales radicarán los casos en cuanto se haya recopilado toda la evidencia necesaria”.

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El pasado 3 de agosto la secretaria de Justicia, Inés Carrau, expresó por escrito que “el fiscal o el procurador de Menores, en los casos en que se investigue una falta, son los funcionarios que tienen la responsabilidad legal de investigar y procesar a las personas que cometen delitos o faltas, según sea el caso, en la jurisdicción de Puerto Rico.

De tal manera, tienen la discreción de determinar cómo va a desarrollar cada una de esas investigaciones”.

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Carrau dirige Justicia desde el pasado 9 de julio.

No dan abasto para investigar los cientos de Fraudes

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Fiscales consultados señalaron que hay muchos casos de fraude y expedientes por examinar, que también incluyen a empleados públicos y personas que mintieron para poder cualificar al beneficio del programa PUA.

Entre el 14 de julio y el 31 de agosto, 54 personas han sido intervenidas intentando cambiar cheques obtenidos fraudulentamente con licencias falsas. La División de Robos a Bancos de la Policía ha frustrado el cambio de cheques por un monto de $296,952.

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Las personas que han cometido fraude han utilizado el dinero para comprar vehículos, y construir piscinas en áreas rurales, y comprar televisores y otras cosas.

El departamento de Vivienda Publica así como el FBI cooperan con las autoridades locales para detectar a los que mintieron para solicitar los beneficios.

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Este medio supo que cientos de residentes de los residenciales públicos que no cualificaron para el beneficio lo obtuvieron de forma ilegal y que serían detectados al hacer su revisión anual en las oficinas locales de los residenciales.

Solo tres personas han sido acusados.

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La investigación es tediosa pero así nos tardemos llegaremos a todos los que cometieron fraude y serán llevados ante la justicia comentó una de nuestras fuentes.

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