Contratación a Apex se hizo fuera del proceso administrativo regular

Así trascendió en el segundo día de vista pública de la Comisión de Salud sobre irregularidades en el Departamento de Salud durante la emergencia del Covid-19

Antes de que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) le diera el visto bueno a la contratación para la compra de un millón de pruebas de Covid-19 a un costo de $38 millones y no avaladas por la Administración Federal de Drogas y Alimentos (FDA, en inglés), la firma del acuerdo contractual ya se había concertado en el Departamento de Salud bajo la incumbencia de Adil Rosa Rivera, exsecretaria auxiliar de esa agencia.

Así lo confirmó la coordinadora interagencial del Departamento de Salud en el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) estatal, Graciela Malavé, quien compareció hoy a una vista ejecutiva de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes. Malavé indicó que su función como enlace de Salud en el COE era revisar que el formulario de compra estuviese relacionado con la emergencia del coronavirus.

No obstante, indicó que no estuvo involucrada en el proceso de compra, aunque aparece su firma en el formulario que autoriza que es una compra de emergencia. Afirmó también que si no estampaba su firma en el documento se podía detener el proceso de compra de las pruebas.

La contratación entre Salud y la compañía Apex General Contractors para la adquisición del millón de pruebas para Covid-19 se produjo a través de la Administración de Servicios Generales (ASG) y el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead).

Sin embargo, el portavoz de la mayoría novoprogresista en la Cámara, Gabriel Rodriguez Aguiló, confrontó a Malavé con un correo electrónico que envió Rivera con el borrador del contrato a eso de la 1:05 de la tarde al abogado de Apex General Contractor, Juan Maldonado.

Además, Rodríguez Aguiló detalló que Maldonado respondió a Rivera a eso de las 2:49 de la tarde con el contrato firmado. “O sea que aquí hay contrato firmado a las 2:49 p.m. del día 26 de marzo antes de que usted autorizara si se podía o no hacer la compra. Eso son los hechos, ¿cierto o falso?”, preguntó Aguiló

“Basado en esos documentos esos son los datos”, respondió Malavé, quien fue la primera de las cuatro funcionarios de Salud que depusieron hoy ante la comisión.

“Aquí no puede emitirse un contrato sin su autorización no importa si es emergencia, de terremoto de huracán, o de pandemia. No se puede hacer”, ripostó Rodríguez Aguiló.

En un receso, el presidente de la Comisión cameral de Salud, Juan Oscar Morales, lamentó que Malavé haya declarado que “únicamente evaluó la cotización que le hicieron llegar, pero no evaluó en sus méritos la compra, el suplido y las justificaciones que la misma orden de OGP exige que vaya acompañada la orden de compra”.

“Ella se acaba de enterar por medio de la comisión que mientras a ella le habían sometido los documentos para que aprobase la orden de compra ya estaba firmado el contrato entre la compañía y el Nmead a eso de las 2:49 de la tarde de ese día”, abundó.

Señaló que existía un contrato desde antes que esta autorizara la compra de las pruebas. “Ese contrato implica que ya había un compromiso y un acuerdo entre Nmead o el Departamento de Salud con este suplido para adquirir $38 millones en pruebas”, dijo Morales.