Policiaca
Radican cargos contra policías por el asesinato de un adolescente en Carolina
Fiscales de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia emitieron citaciones la semana pasada contra los agentes investigadores por su participación en la muerte a balazos de un menor de edad ocurrida en la noche del 1 de agosto del 2022, cuando dispararon 61 balas contra el adolescente Javier Antonio Cordero Nevárez, de 16 años, acribillándolo con unos 15 balazos cuando procuraba huir para evitar ser intervenido porque conducía una guagua hurtada en Carolina.
Los informes de la autopsia y las diligencias periciales de balística realizadas en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) de los 61 casquillos de bala ocupados en la escena fueron entregados a los investigadores del NIE hace más de un año.
Según los informes en la madrugada del 2 de agosto de 2022, el adolescente Javier Antonio Cordero Nevárez murió acribillado al recibir cerca de 15 balazos a manos de agentes de la Uniformada que intentaban intervenir porque conducía una guagua hurtada en Carolina.
Estaba desarmado.
También hace más de un año que el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, expresó que era cierto que la guagua que conducía el menor no aparecía con gravamen de hurtada.
Sin embargo, el dueño se había comunicado con los agentes del Negociado de Vehículos Hurtados de Carolina en la madrugada del 1 de agosto y les iba informando dónde estaba el vehículo, que tiene un sistema de localización satelital.
Cuando la guagua Hyundai Tucson, color gris, modelo del 2016, fue localizada cerca de las 8:00 de la noche del 1 de agosto del 2022, entre las calles 15 SO y 40 SO, los agentes de vehículos Hurtados pidieron la colaboración del Precinto de Puerto Nuevo.
Los agentes de Puerto Nuevo siguieron la guagua hasta una calle sin salida. Según López Figueroa, la versión ofrecida por los agentes a raíz del hecho apuntaba a que el conductor los iba a atropellar y le dispararon.
Según la investigación, el menor, que estaba desarmado, ciertamente intentó huir, y al dar reversa se trepó en una acera y chocó un automóvil de un particular. La guagua quedó sobre la acera cuando los agentes abrieron fuego.
Aunque el cadáver de Javier Antonio yacía sobre la acera, se presume que murió en la guagua al recibir disparos mortales en cuello y pecho y dos en la cadera izquierda que le habrían imposibilitado moverse.
En la escena se levantaron 61 casquillos de bala calibre 9mm., aparentemente disparados por las armas de los agentes.
En una de las tres patrullas Dodge Charger estaban los agentes Giovanny Santiago Avilés, Luis Vélez Mari y el sargento Ángel Alicea.
En las otras patrullas estaban los agentes Carmen Cacho, Félix de Jesús Flores, Roxanne Ruiz Cisneros, Kevin Meléndez Monsegur y Paola Farría Santiago.
Los siete agentes y el sargento fueron desarmados por órdenes de la entonces fiscal Betzaida Quiñones, quien tuvo el caso en su inicio y quien les hizo las advertencias de sus derechos a guardar silencio.
Fuentes vinculadas a la investigación habían señalado que algunos de los uniformados que eran testigos potenciales, ya que sus armas no fueron disparadas y que en la escena censuraron a los que así lo hicieron, no estarían dispuestos a declarar por sentirse que fueron maltratados por otros fiscales que participaron en la pesquisa después de que la misma le fuera quitada a la fiscal Quiñones.
Los familiares del joven radicaron una acción civil en el Tribunal federal. Los demandados tanto en su carácter oficial como personal son el comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico, el superintendente auxiliar de investigaciones criminales, Roberto Rivera, y los agentes que le dispararon al joven.
La reclamación también incluye al secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, como representante en ley del gobierno de Puerto Rico.
La demanda fue radicada por Sheila Nevárez Chiclana, madre de Javier Antonio Cordero Nevárez, representada por Fermín Arraíza y otros abogados de la Unión de Libertades Civiles busca que la corte federal declare que la conducta de los demandantes fue ilegal y en violación de las disposiciones de varios artículos de la Constitución.
