El juez José M. Rodríguez Torres, del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez, sentenció este viernes a 73 años de prisión a Bernardo Llama Díaz por conspirar con miembros de una organización criminal para asesinar a su hermano, Andrés Llama Díaz, empresario y principal ejecutivo de Flan-es-Cedó, confirmó la oficina de prensa del Poder Judicial.

Andrés fue baleado frente a su residencia el 3 de agosto de 2021, en la carretera PR-102, en Cabo Rojo.

El pasado 4 de octubre un jurado encontró a Llama Díaz, de 49 años, culpable por los delitos de tentativa de asesinato, conspiración y violaciones a la Ley de Armas, que incluyen la posesión y traspaso de armas automáticas, entre las que se encuentran el rifle de asalto AR-15 y la pistola MR-920 con las que pagó para acabar con la vida de su hermano.

Junto a Llama Díaz fue sentenciado en ausencia José Manuel Rodríguez Torres, de 25 años de edad, a 184 años de cárcel. Este se encuentra fugitivo.

El coautor del crimen, Rodney A. Santiago Ramírez, de 23 años, se declaró culpable el pasado 21 de febrero por su participación en el crimen.

Queda pendiente de juicio de Gustavo Alexis González González, de 26 años, a quien Llama Díaz supuestamente le entregó las dos armas de fuego y la suma de $5,000 para que matara a su hermano. Este fue testigo del Ministerio Público en el juicio.

Según la investigación de la Fiscalía del Distrito de Mayagüez, junto a agentes de la División de Homicidios, Llama Díaz acordó pagarle a González González para que asesinara a su hermano por motivos de herencia. A su vez, este se puso de acuerdo con los otros dos para cometer el crimen.

El 3 de agosto los imputados esperaron que el ejecutivo saliera de la planta elaboradora de los Flanes Cedó y lo siguieron, en una guagua Kia Soul, de color azul. El empresario sobrevivió al atentado contra su vida.

El juez Héctor López Sánchez del Centro Judicial de Mayagüez encontró causa para juicio contra el suspendido alcalde José Guillermo Rodríguez Rodríguez y la directora de finanzas municipal Yahaira Valentín Andrade por cargos de conspiración y malversación de fondos públicos.

Las denuncias presentadas por la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei), se relacionan al desvío de unos $9.8 millones en fondos otorgados en tres resoluciones conjuntas de la Legislatura Estatal para completar las fases 5 y 6 del Centro de Trauma de Mayagüez y que fueron depositados en una cuenta de inversiones con base en el estado de Nueva York.

López Sánchez señaló la lectura de acusación para el 27 de noviembre y el inicio del juicio será el 22 de diciembre.

Al recordar las instancias en que el suspendido alcalde se dirigió a los medios de comunicación, “implorando a la Legislatura que le asignara fondos para el Centro de Trauma, porque la gente se le moría”, la fiscal especial independiente (FEI), Leticia Pabón, repudió que, “estas personas no actuaron en beneficio del pueblo al recibir el dinero”.

“Este pueblo ha tenido unos derechos violentados por estos funcionarios. La Legislatura actuó y le asignó $9 millones al municipio de Mayagüez para esos fines. Como dijo la testigo, si no era suficiente para hacer la obra, tenían opciones y no poner en bandeja de plata ese dinero a estas personas”, denunció al referirse a los exasesores Arnaldo Irizarry, Eugenio García y Roberto Mejill, convictos en el sistema federal.

Pabón aludió al testimonio de Wanda Said Pérez, funcionaria de la Oficina del Contralor que fungió como testigo, quien advirtió en más de una ocasión que el dinero en cuestión no podía ser utilizado para un propósito distinto al especificado en las resoluciones conjuntas de la Cámara de Representantes y el Senado, para los años 2012, 2014 y 2015. Esto, aunque la defensa, integrada por los licenciados Harry Padilla y Ana María Strubbe, abogados del alcalde y la directora de Finanzas, respectivamente, insistieron en que el monto no daba “ni para los planos” y que tampoco se especificaba fecha límite para utilizar los fondos.

“Haga la parte que puede y pida más fondos si no le da. Evidencie lo que hizo y vaya a la Legislatura a pedir más fondos. Esto tuvo como consecuencia que se perdieron $9 millones y el pueblo de Mayagüez sigue yendo al Centro Médico de San Juan”, sostuvo en su alegato.

Igualmente, la FEI rechazó que el municipio mayagüezano recuperara los fondos, mientras que cuestionó las argumentaciones de los letrados que aseguraron que, el dinero invertido nunca salió de las arcas municipales.

“Los compañeros (abogados) dicen que el municipio recuperó los fondos. Se recupera, porque las casas aseguradoras pagaron. Cuando el municipio vio que era esto una situación de atención pública fue a tratar de recuperarlo, porque se había perdido luego de que la transacción saliera de Puerto Rico (hacia la cuenta de inversiones J.P. Morgan con base en Nueva York)”, apuntó.

“Esta inversión no es una de esas generales (permitidas en ley), sino una ilegal porque el primer requisito es que el dinero esté disponible y no comprometido. Esos $9 millones estaban comprometidos desde el día uno. No le da la razón a la defensa que el dinero se recuperó, entendemos que se recuperaron otros $9 millones y no los $9 millones que se otorgaron en las resoluciones conjuntas”, esbozó.

Asimismo, expresó: “Este caso es una traición a este pueblo cometida por estos dos imputados”.

Entretanto, al repasar la evidencia puesta en manos del tribunal, la fiscal destacó que, “el alcalde es funcionario público, estuvo 29 años de alcalde, 14 años adicionales en distintas funciones en el municipio y también fue legislador. ¿Alguien podría decir que alguien lo cogió de tonto?”.

“Yahaira tiene 11 años de experiencia y trabajó con uno de los asesores”, acotó la fiscal, al mencionar que “resulta increíble que estos funcionarios no supieran que esas personas (exasesores convictos) no estaban certificadas para hacer esas transacciones”.

“Este pueblo sigue sin su Centro de Trauma. ¿Cuándo fue que al alcalde y a Yahaira se olvidaron del sufrimiento del pueblo? (El municipio) recibió el dinero y no se hizo nada con la obra. El deber de Yahaira como directora de finanzas era asegurarse a dónde fue a parar ese dinero”, recalcó.

En su argumentación final, el licenciado Padilla rebatió las imputaciones contra los funcionarios al aludir que estos fueron “engañados”.

“El caso que aquí está envuelto es que, se reciben $9,850,000 que, se reciben en 13 cheques. Esos cheques, una vez que llegan al municipio se depositan a una cuenta y esa cuenta genera un ingreso. Ese dinero cuando se invierte se mantiene en el patrimonio del municipio, no se consume, sino que se queda ahí”, manifestó ante el juez.

“El dinero no era suficiente para hacer las obras que le asignaron. La resolución no tenía una fecha específica para hacer la obra. La inversión que se hizo y que se autorizó era una inversión que se liquidaba inmediatamente. Esa liquidación se podía hacer y en cualquier momento se podía retirar, en un término de 30 días. La inversión no tenía que ser avalada por la Asamblea Legislativa”, apuntó.

Igualmente, recordó que la querella que originó la investigación provino de un “adversario político”.

“Aquí fueron seis personas que actuaron a espaldas del municipio. Estas personas fueron encausadas criminalmente. Todos resultaron convictos. Claramente, el dinero está en el municipio, se invierte para levantar su rendimiento, se mantiene en las cuentas del municipio, pero cuando sale de Puerto Rico, estas personas se aprovechan y lo desvían para otros fines”, argumentó.

“En estricta juridicidad. Ese señor no ha cometido delito, porque delegó, confió su responsabilidad en funcionarios de primer orden. Por consiguiente, actuar así no es comisión de delito. Aquí no hay causa. Yo tengo plena confianza en que usted ha dirimido esta prueba”, concluyó.

La jueza municipal de Ponce, Adria Cruz, y ex periodista de Primera Hora cuyo nombramiento fue impulsado por entonces Anibal Acevedo Vila es una jueza identificada como de afiliación politica del partido popular y fue la juez que determinó causa en todos los casos contra el hoy acusado y suspendido alcade Luis Irizarry Pabón.

A la salida de la sala el alcalde tras escuchar la determinación de la Juez, el alcalde se reitero en que era una componenda politica de Tomas Rivera Shazt y del Licenciado Pablo Colón.

Esta determinación de causa echa por el piso las alegaciones del ahora acusado Irizarry pabón.

La Juez Cruz había enfrentado una contundente oposición por parte del licenciado Leonardo Aldridge durante su vista de confirmación en la que estuvo acompañada por Juanita Colombani, pasada directora de prensa del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá. EL exmandatario impulsó el nombramiento de la experiodista del periódico Primera Hora.

Lleva desde el 2007 ejerciendo como jueza municipal,

La jueza Margarita Gautier encontró el lunes causa para arresto contra Raymond Richard Torres Echevarría de 44 años, imputado de provocar un accidente en el que murió Alexia Juarbe Rodríguez de 54 años, quien viajaba como pasajera en un carrito de golf en la PR-100, en las Parcelas Boquerón en Cabo Rojo. 

Torres Echevaría presuntamente impactó con su auto el carrito y se fue a la huida. Luego abandonó el vehículo en las Parcelas Samán. Del informe policiaco se desprende que dos matrimonios iban en el carrito y al realizar un viraje para lograr acceso al sector residencual, un vehículo que transitaba en dirección contraria rebasó por la izquierda e impactó un primer auto en la parte frontal y a su vez el de golf.

Dicho impacto provocó que la pasajera del asiento posterior del carrito saliera expulsada, cayendo al pavimento. La fémina sufrió heridas de gravedad por lo que fue transportada por personal de emergencias al Centro Médico de Mayagüez, donde murió. Los tres ocupantes que la acompañaban resultaron ilesos. 

Al imputado le radicaron cargos por Acto ilegal e imprudencia y negligencia de la Ley 22. Además, se le impuso una fianza de $70,000 que no prestó, siendo ingresado en un complejo correccional hasta la vista preliminar, pautada para el 14 de noviembre.

El convicto asesinó a cuatro miembros de su familia

Luego de casi cuatro años y dos juicios, un equipo de Fiscales del Departamento de Justicia y agentes del Negociado de la Policía, lograron un veredicto de culpabilidad en once cargos contra José Carlos Aponte Ramos, autor de la masacre de Trujillo Alto, ocurrida el 1 de enero del 2020, en la que cuatro miembros de una familia fueron asesinados y un quinto casi pierde la vida.

Según informó la Policía, un jurado encontró culpable de manera unánime a Aponte Ramos, por cuatro cargos de asesinato, uno por tentativa de asesinato, cinco cargos por apuntar y disparar un arma de fuego y uno por transportar y poseer un arma sin licencia para ello.

El juicio, que culminó la noche del viernes, 27 de octubre, es el segundo realizado contra el acusado, luego que el primero fuese anulado, por no lograr un veredicto unánime.

La Uniformada confirmó que los hechos ocurrieron cerca de las 3:50 am, en la madrugada del año nuevo del 2020, en el sector Los Robles, del barrio Carraízo Alto, en Trujillo Alto.

La investigación policiaca detalló que, durante esa madrugada, Aponte Ramos irrumpió en el hogar de la familia y allí asesinó a Edwin Ramos Monge, de 40 años, Dorothy Wickline, de 47 años, y sus dos hijos gemelos, de 9 años. El tercer hijo de la pareja, de 15 años, logró sobrevivir a los múltiples disparos que recibió.

La lectura de sentencia estuvo a cargo de la juez Gema González y fue señalada para el 14 de diciembre 2023, en la sala 204, del tribunal de Carolina.