Tras la muerte de una joven de 20 años de edad

El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, informó que la enfermera y dueña de la institución de salud mental Hogar la Nueva Familia San Judas Tadeo, Mayra E. Pérez Oyola, fue encontrada culpable de homicidio negligente por la muerte de la paciente de 20 años de edad, Jaydie Nicole Álvarez, a quien restringió físicamente y le retiró abruptamente sus medicamentos en el hogar.

Emanuelli detalló que el juicio contra Pérez Oyola culminó en la noche del martes con el veredicto de culpabilidad emitido por el jurado que evaluó el caso en el tribunal de primera instancia de San Juan.

Según informó Justicia, la selección del jurado comenzó en mayo y el juicio en julio del año en curso, en donde las fiscales Brenda Rosado Aponte y Janice Maymí Camacho de la Unidad de Control de Fraude al Medicaid (MFCU, por sus siglas en inglés), presentaron 31 testigos y 46 piezas de evidencia a lo largo de 18 días de vistas que duró el proceso.

«Este caso dramatiza los resultados extremos e irreversibles del maltrato y la negligencia institucional sobre un paciente. La decisión del jurado le hace justicia a una joven de 20 años, fallecida a causa de la actuación criminal de su cuidadora.

Confiamos que el veredicto de culpabilidad sirva de advertencia a todas las personas e instituciones que brindan servicios de salud, en este caso de salud mental, sobre las consecuencias legales de faltar a sus deberes con los pacientes.

Esperamos que sirva, además, de disuasivo contra el fraude en la prestación de los servicios médicos necesitados por las personas más vulnerables e indefensas», dijo Emanuelli en declaraciones escritas.

Por otra parte, la jefa de los fiscales, Jessika Correa González, dijo que «la paciente fue objeto de maltrato y negligencia por parte de la persona que recibió la encomienda de asistir en su tratamiento con miras a lograr su recuperación y rehabilitación.

Privar a una paciente de libertad de movimiento y aislarla son actos extremadamente crueles; cuando se le suma la retirada abrupta de los medicamentos recetados, se configura una acción criminal y punible».

De acuerdo a la investigación de la Policía y Justicia, la directora y dueña del mencionado hogar, quien tiene la licencia de enfermera vencida, mantuvo restringida y aislada a Jaydie Nicole Álvarez, y además ordenó la retirada abrupta de los medicamentos recetados para tratar la condición de salud mental de la joven bajo su cuidado.

Con esta acción creó un riesgo sustancial que derivó en la muerte de la paciente.

La lectura de sentencia fue programada para el próximo 12 de febrero de 2024 en la sala presidida por la jueza Ana Paulina Cruz Vélez.

April Thais Ortiz, de dos años, fue llevada inconsciente a un hospital en junio.

Naiari Quiñones Rivera, madre de April Thais Ortiz, la niña de dos años violada y asesinada en el pasado 7 de junio en Guayanilla, se declaró hoy culpable de cargos de maltrato por negligencia y omisión intencional relacionadas a la Ley 246 para la seguridad, bienestar y protección de menores.

La Oficina de Administración de Tribunales (OAT) confirmó a Primera Hora que tras la declaración, la jueza Lizandra M. Avilés Mendoza pautó para el 20 de marzo una vista de estatus en el caso.

El pasado 15 de septiembre, la fémina, de 29 años, había renunciado al proceso de vista preliminar en su contra.

Entonces, trascendió que Quiñones Rivera podría convertirse en testigo del pueblo y declarar contra el padre de la menor, Jiovan Francisco Ortiz Soto, imputado de asesinar a su hija tras un patrón de abuso sexual desde diciembre de 2022.

De acuerdo con la investigación de la Policía, los padres de la menor la transportaron inconsciente a eso de las 11:20 de la mañana del miércoles 7 de junio, al Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Guayanilla, donde aseguraron al equipo médico que la niña se había golpeado al caerse de su cama en el residencial Bahía, que ubica en el referido municipio.

Los doctores, no obstante, apuntaron a que los golpes de la menor no eran compatibles con una caída

Las autoridades arrestaron a Quiñones Rivera y a Ortiz Soto, al otro día del incidente.

El padre, presuntamente admitió que abusó sexualmente de su hija durante varios meses, lo que culminó con su muerte.

Luego de un juicio que se extendió por casi dos años, la jueza Mariela Miranda declaró culpable a Keishla Pérez Bigio por pactar y pagar $1,500 a dos sujetos para asesinar a su madrastra, la empresaria Hilda Padilla Romero.

Padilla Romero fue baleada el 30 de septiembre de 2019, mientras conducía por la avenida Los Filtros en Guaynabo acompañada de sus dos hijas, de 8 y 17 años. Las menores resultaron ilesas.

La investigación de la Policía reveló que Pérez Bigio contrató a William Avilés González y Luis González Martínez para asesinar a su madrastra luego de sostener varias confrontaciones violentas con ella.

Los fiscales Iván Rivera Labrador, Carmen Iris Ortíz Rodríguez y Gracielis Vega Bermúdez presentaron vasta prueba testifical, documental y pericial para probar asesinato en primer grado contra Pérez Bigio y Avilés González.

La Uniformada detalló que Avilés González también fue hallado culpable de un cargo violación a la ley de armas. La jueza no determinó culpabilidad por los cargos de tentativa de asesinato contra las menores.

Por su parte, González Martínez confesó los hechos y llegó a un acuerdo con la Fiscalía para declarar en contra de los otros dos imputados. Posteriormente, decidió no prestar su testimonio en el juicio. Sin embargo, la Fiscalía logró utilizar el testimonio que este ofreció durante la etapa de vista preliminar, tras ser declarado testigo no disponible. González Martínez es procesado en un juicio aparte.

“Finalmente se le hizo justicia a Hilda y a su familia. Ha sido un proceso arduo y extenso, pero al fin concluyó con el resultado esperado. Los responsables del vil crimen fueron declarados culpables y enfrentarán las consecuencias de sus actos. Mi total solidaridad con los parientes de Hilda.

Espero que puedan vivir en paz y recuperarse de las heridas profundas que deja el crimen. Tienen todo el apoyo del Departamento de Justicia. Igualmente, agradezco la labor excepcional de los fiscales que litigaron el caso desde el comienzo hasta el final, demostrando la calidad de los profesionales que forman parte del Ministerio Público. Gracias también a la Policía de Puerto Rico por su trabajo investigativo”, expresó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, al conocer la decisión del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón.

La Fiscalía presentó como evidencia tres grabaciones de audio de Pérez Bigio, extraídas del celular de González Martínez, las cuales confirmaron la conspiración para matar a Padilla Romero. La voz de Pérez Bigio fue identificada en el juicio por Yaireishka Morales Padilla, hija de la víctima.

Aunque el Departamento de Justicia presentó los cargos a solo dos meses del crimen, el juicio comenzó en el año 2022 en la sala de la jueza Nerisvel Durán Guzmán. Posteriormente, fue asignado a la jueza Mariela Miranda.

Originalmente, las fiscales Jessika Correa González y Lizette Sánchez Vázquez formaron parte del equipo que lideró la investigación junto a la Uniformada. Sin embargo, esto cambio cuando Correa González fue nombrada jefa de los fiscales y Sánchez Vázquez como subjefa.

“Hemos esperado mucho tiempo por este fallo de culpabilidad. Casos como este evidencian que nuestro sistema de justicia es uno confiable, y que, a pesar de que han pasado varios años, prevaleció la justicia.

Desde la formulación de cargos en noviembre de 2019, el Ministerio Público estaba convencido de la culpabilidad de Keishla Pérez Bigio y William Avilés González más allá de duda razonable. Mis respetos a los familiares de Hilda Padilla, quienes nunca se rindieron. Mi agradecimiento a los fiscales Carmen Iris Ortiz Rodríguez, Iván Rivera Labrador y Gracielis Vega Bermúdez por el extraordinario y excelente trabajo realizado”, manifestó Correa González.

El comisionado del Negociado de la Policía, coronel Antonio López Figueroa, también reaccionó a la determinación del tribunal.

“El fallo del tribunal emitido hoy en favor de la memoria de Hilda Padilla Romero y toda su familia es un ejemplo de verdadera justicia. A pesar de todos los retos impuestos a los fiscales y las batallas que tuvo que librar la familia de la víctima, hoy pueden sentir que ese crimen no quedó impune. Felicito a los fiscales y agente que durante años trabajaron día y noche en beneficio de las víctimas”, resalto el comisionado.

La vista de sentencia fue señalada para el 9 de febrero de 2024.

El juez Héctor López Sánchez del Centro Judicial de Mayagüez encontró causa para juicio contra el suspendido alcalde José Guillermo Rodríguez Rodríguez y la directora de finanzas municipal Yahaira Valentín Andrade por cargos de conspiración y malversación de fondos públicos.

Las denuncias presentadas por la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei), se relacionan al desvío de unos $9.8 millones en fondos otorgados en tres resoluciones conjuntas de la Legislatura Estatal para completar las fases 5 y 6 del Centro de Trauma de Mayagüez y que fueron depositados en una cuenta de inversiones con base en el estado de Nueva York.

López Sánchez señaló la lectura de acusación para el 27 de noviembre y el inicio del juicio será el 22 de diciembre.

Al recordar las instancias en que el suspendido alcalde se dirigió a los medios de comunicación, “implorando a la Legislatura que le asignara fondos para el Centro de Trauma, porque la gente se le moría”, la fiscal especial independiente (FEI), Leticia Pabón, repudió que, “estas personas no actuaron en beneficio del pueblo al recibir el dinero”.

“Este pueblo ha tenido unos derechos violentados por estos funcionarios. La Legislatura actuó y le asignó $9 millones al municipio de Mayagüez para esos fines. Como dijo la testigo, si no era suficiente para hacer la obra, tenían opciones y no poner en bandeja de plata ese dinero a estas personas”, denunció al referirse a los exasesores Arnaldo Irizarry, Eugenio García y Roberto Mejill, convictos en el sistema federal.

Pabón aludió al testimonio de Wanda Said Pérez, funcionaria de la Oficina del Contralor que fungió como testigo, quien advirtió en más de una ocasión que el dinero en cuestión no podía ser utilizado para un propósito distinto al especificado en las resoluciones conjuntas de la Cámara de Representantes y el Senado, para los años 2012, 2014 y 2015. Esto, aunque la defensa, integrada por los licenciados Harry Padilla y Ana María Strubbe, abogados del alcalde y la directora de Finanzas, respectivamente, insistieron en que el monto no daba “ni para los planos” y que tampoco se especificaba fecha límite para utilizar los fondos.

“Haga la parte que puede y pida más fondos si no le da. Evidencie lo que hizo y vaya a la Legislatura a pedir más fondos. Esto tuvo como consecuencia que se perdieron $9 millones y el pueblo de Mayagüez sigue yendo al Centro Médico de San Juan”, sostuvo en su alegato.

Igualmente, la FEI rechazó que el municipio mayagüezano recuperara los fondos, mientras que cuestionó las argumentaciones de los letrados que aseguraron que, el dinero invertido nunca salió de las arcas municipales.

“Los compañeros (abogados) dicen que el municipio recuperó los fondos. Se recupera, porque las casas aseguradoras pagaron. Cuando el municipio vio que era esto una situación de atención pública fue a tratar de recuperarlo, porque se había perdido luego de que la transacción saliera de Puerto Rico (hacia la cuenta de inversiones J.P. Morgan con base en Nueva York)”, apuntó.

“Esta inversión no es una de esas generales (permitidas en ley), sino una ilegal porque el primer requisito es que el dinero esté disponible y no comprometido. Esos $9 millones estaban comprometidos desde el día uno. No le da la razón a la defensa que el dinero se recuperó, entendemos que se recuperaron otros $9 millones y no los $9 millones que se otorgaron en las resoluciones conjuntas”, esbozó.

Asimismo, expresó: “Este caso es una traición a este pueblo cometida por estos dos imputados”.

Entretanto, al repasar la evidencia puesta en manos del tribunal, la fiscal destacó que, “el alcalde es funcionario público, estuvo 29 años de alcalde, 14 años adicionales en distintas funciones en el municipio y también fue legislador. ¿Alguien podría decir que alguien lo cogió de tonto?”.

“Yahaira tiene 11 años de experiencia y trabajó con uno de los asesores”, acotó la fiscal, al mencionar que “resulta increíble que estos funcionarios no supieran que esas personas (exasesores convictos) no estaban certificadas para hacer esas transacciones”.

“Este pueblo sigue sin su Centro de Trauma. ¿Cuándo fue que al alcalde y a Yahaira se olvidaron del sufrimiento del pueblo? (El municipio) recibió el dinero y no se hizo nada con la obra. El deber de Yahaira como directora de finanzas era asegurarse a dónde fue a parar ese dinero”, recalcó.

En su argumentación final, el licenciado Padilla rebatió las imputaciones contra los funcionarios al aludir que estos fueron “engañados”.

“El caso que aquí está envuelto es que, se reciben $9,850,000 que, se reciben en 13 cheques. Esos cheques, una vez que llegan al municipio se depositan a una cuenta y esa cuenta genera un ingreso. Ese dinero cuando se invierte se mantiene en el patrimonio del municipio, no se consume, sino que se queda ahí”, manifestó ante el juez.

“El dinero no era suficiente para hacer las obras que le asignaron. La resolución no tenía una fecha específica para hacer la obra. La inversión que se hizo y que se autorizó era una inversión que se liquidaba inmediatamente. Esa liquidación se podía hacer y en cualquier momento se podía retirar, en un término de 30 días. La inversión no tenía que ser avalada por la Asamblea Legislativa”, apuntó.

Igualmente, recordó que la querella que originó la investigación provino de un “adversario político”.

“Aquí fueron seis personas que actuaron a espaldas del municipio. Estas personas fueron encausadas criminalmente. Todos resultaron convictos. Claramente, el dinero está en el municipio, se invierte para levantar su rendimiento, se mantiene en las cuentas del municipio, pero cuando sale de Puerto Rico, estas personas se aprovechan y lo desvían para otros fines”, argumentó.

“En estricta juridicidad. Ese señor no ha cometido delito, porque delegó, confió su responsabilidad en funcionarios de primer orden. Por consiguiente, actuar así no es comisión de delito. Aquí no hay causa. Yo tengo plena confianza en que usted ha dirimido esta prueba”, concluyó.

La jueza municipal de Ponce, Adria Cruz, y ex periodista de Primera Hora cuyo nombramiento fue impulsado por entonces Anibal Acevedo Vila es una jueza identificada como de afiliación politica del partido popular y fue la juez que determinó causa en todos los casos contra el hoy acusado y suspendido alcade Luis Irizarry Pabón.

A la salida de la sala el alcalde tras escuchar la determinación de la Juez, el alcalde se reitero en que era una componenda politica de Tomas Rivera Shazt y del Licenciado Pablo Colón.

Esta determinación de causa echa por el piso las alegaciones del ahora acusado Irizarry pabón.

La Juez Cruz había enfrentado una contundente oposición por parte del licenciado Leonardo Aldridge durante su vista de confirmación en la que estuvo acompañada por Juanita Colombani, pasada directora de prensa del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá. EL exmandatario impulsó el nombramiento de la experiodista del periódico Primera Hora.

Lleva desde el 2007 ejerciendo como jueza municipal,