Un gran jurado federal acusa de traficar cocaína por el correo postal

Entre los arrestados por las autoridades federales hoy durante un operativo en los pueblos de Salinas, Cayey y Guayama, figuran algunos miembros de la temida familia “Popcorn” que por años se dedicó al tráfico de cocaína y otras sustancias prohibidas en la zona sur de Puerto Rico.

El Negociado de Investigaciones Federales (FBI), Joseph González, explicó que como parte del operativo gestionaron cuatro de cinco órdenes de arresto.

Esto luego de que un gran jurado federal acusara a cinco individuos por cargos de tráfico de drogas el pasado 29 de noviembre.

“Cuatro de estos individuos eran miembros de una misma familia y el quinto era la mano derecha del líder de la organización. Se dedicaban específicamente a utilizar a Puerto Rico como puente entre países extranjeros y los Estados Unidos continentales.

Estos estaban moviendo kilos de cocaína a través del Servicio Postal de Estados Unidos”, detalló González en una conferencia de prensa.

Entre acusados figuran Luis Javier Vázquez Álvarez (alias “Javi Popcorn”), Luis Norberto Vázquez Álvarez (alias “Luisito”), Meilyn Vázquez Álvarez (alias “La Gorda”), Raymond Omar De Jesús Rivera (alias “Villa”) y Sandra Álvarez Rodríguez.

González no descartó que estén tras la pista de otras personas que hayan cooperado con esta familia.

“En el caso, en particular uno de los hermanos, “Luisito” estaba viviendo en New Jersey y era el que estaba recibiendo los paquetes desde Puerto Rico y también distribuyendo la droga en Estados Unidos a otras personas”, precisó.

Los cinco individuos acusados por el gran jurado enfrentan cargos de conspiración para distribuir más de cinco kilogramos de cocaína.

Algunos de estos, fueron acusados también por tres cargos relacionados por posesión con la intención de distribuir más de 500 gramos de cocaína en distintas ocasiones.

Según el pliego acusatorio, los hermanos Luis Javier (“Javi Popcorn”) y Luis Norberto (“Luisito”) lideran una organización de tráfico de drogas que se expande a la zona este de Estados Unidos desde marzo de este año.

Los miembros de la organización adquirían kilogramos de cocaína en Puerto Rico y utilizaban el Servicio Postal de Estados Unidos para enviar los kilogramos al territorio continental de Estados Unidos.

El documento señala a Luis Javier quien reside en Puerto Rico como el organizador de la compra y el envío de cocaína desde la Isla hasta Estados Unidos. Mientras que Meilyn (la hermana de los hermanos “Popcorn») y Sandra (su madre) enviaron por correo numerosos paquetes que contenían cocaína desde oficinas de correos de todo el sur de Puerto Rico. Luisito, por su parte, vivía en Nueva Jersey y recibía paquetes que contenían cocaína para su posterior distribución.

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La Fiscalía federal alegó que Raymond (la mano derecha de los hermanos) también conspiró en Puerto Rico para facilitar el tráfico de drogas a Estados Unidos a través del correo.

Gran parte de la droga que trafican a Puerto Rico es importada desde Sudamérica y las autoridades sospechan que entró a la Isla por altamar.

Ante ese escenario, González dijo que la droga de la familia “Popcorn” viene “de otras fuentes aquí” y se negó a detallar si estaban negociando con carteles fuera de Puerto Rico.

Con amplio historial criminal los hermanos

Por su parte, el comisionado del Negociado de la Policía, Antonio López Figueroa, explicó que a los hermanos “Popcorn” se le atribuyen múltiples asesinatos registrados en el área de Salinas, Guayama, Ponce y Patillas.

“La familia Popcorn está ligada abiertamente al asesinato que ocurrió años atrás en la autopista de Guayama.

Son sumamente familias peligrosas. Gracias al trabajo de la Fiscalía federal, Fiscalía estatal, agentes del FBI y a la Policía se ha logrado el arresto de estos individuos que sembraron el terror en estos lugares que indiqué”, manifestó.

Según el expediente federal, “Javy Popcorn” está actualmente en libertad bajo fianza por un caso de asesinato en el municipio de Guayama y participó en los delitos imputados mientras estaba en libertad bajo fianza.

Mientras que “Luisito” está en libertad bajo fianza por dos casos distintos en Nueva Jersey por agresión y por blanqueo de dinero.

También participó en las actividades de narcotráfico imputadas mientras estaba en libertad bajo fianza por esos dos casos.

Si son declarados culpables, los acusados se enfrentan a una pena mínima obligatoria de diez años de prisión, hasta cadena perpetua.

Un juez del tribunal federal de distrito determinará la sentencia tras considerar las Directrices sobre Sentencias de Estados Unidos y otros factores legales.

La fiscalía federal presentó 13 cargos por realizar amenazas interestatales contra la joven universitaria Victoria Gabriela Rodríguez Morales, de 19 años y residente del pueblo de Adjuntas, quien fue detenida por las autoridades federales por presuntamente enviar desde la Isla múltiples amenazas de muerte a distintas instituciones de la comunidad de Uvalde, en Texas, lugar donde ocurrió una matanza escolar en mayo de 2022.

De acuerdo con la declaración presentada por el agente especial del Negociado de Investigaciones Federales (FBI, en inglés), Kevin Vázquez, a casi un año de la masacre en la escuela primaria Robb, donde murieron 19 estudiantes y dos maestros, Rodríguez Morales comentó en la cuenta de Uvalde Radio a través del perfil de Instagram @pilon_gaby que “Pete (Arredondo) – exjefe de policía del distrito escolar de Uvalde- no me escuchó y le dije que iba a enviar a alguien a disparar en sus escuelas, pero solo en Uvalde”.

En el comentario, la joven alegó que el autor de la masacre, Salvador Ramos, era su exnovio y que ella lo había enviado a ejecutar el tiroteo.

De acuerdo con la declaración del agente Sánchez que forma parte del expediente del caso en el Distrito federal de Puerto Rico- el comentario forma parte de un extenso patrón de amenazas en contra de oficiales públicos, ciudadanos e instituciones de Uvalde que inició en el 2018 cuando la joven vivía con su madre en Texas.

«La Oficina del Fiscal Federal no tolera las amenazas ilegales, especialmente las amenazas dirigidas a personas que son víctimas del horrible tiroteo masivo en Uvalde, Texas», indicó el fiscal federal W. Stephen Muldrow. «Esperamos que este arresto traiga una sensación de paz a aquellos que fueron blanco del acusado».

Rodríguez Morales también describía a las víctimas de Ramos como «pequeñas almas perdedoras… Rezo para que ardan en el infierno», asegurando que «perseguiría a todos desde la clase de 2022 hasta la de 2023. Cada uno de ustedes morirá».

«Amenazar con violencia, bajo cualquier contexto, es un comportamiento inaceptable. Hacer amenazas de violencia a las escuelas y otras instituciones públicas, es un delito federal», expresó, por su parte, Joseph González, Agente Especial a Cargo de la Oficina de Campo del FBI en San Juan.

Rodríguez Morales estuvo ingresada entre 2018 y 2020 en un centro de detención juvenil, sin embargo, esto alegadamente no evitó que enviara correos electrónicos con amenazas de muerte a funcionarios y apercibiendo tiroteos en escuelas.

Del informe se desprende que la joven, en ese momento todavía menor de edad, admitió la conducta y eventualmente fue liberada en mayo del 2020, cuando su familia se mudó a Puerto Rico.

Según la fiscalía federal, cada uno de los trece cargos presentados contra Rodríguez Morales conlleva una condena máxima de cinco años de prisión.

Agentes del Negociado de Investigaciones Federales (FBI) y de la Policía de Puerto Rico, llegaron este martes en la mañana al Hipódromo Camarero, en Canóvanas, donde arrestaron a un hombre identificado como José Martínez Serrano.

Según se informó, el sujeto es mozo de cuadra, empleado por el dueño de un caballo.

Presuntamente, el arresto podría estar relacionado a la investigación por el asesinato de las adolescentes Tanaisha De Jesús Curet de 15 años y Naya Ramos López, de 13, ocurrido el 25 de julio en Piñones.

Los cuerpos de las menores fueron hallados en el interior de una Toyota Tacoma a eso de las 4:23 a.m.

Al momento, las autoridades federales no han informado si asumirán jurisdicción por los asesinatos de los tres amigos de las adolescentes, quienes fueron ejecutados antes, en Carolina.

Las víctimas fueron identificadas como Dartaneon Pablo Figueroa Navarro de 18 años, Iván Alfonso Morales Rivera de 15, y Erik Johan Batista Trinidad, de 27, quien poseía expediente criminal.

Un matrimonio fue arrestado y acusado por los federales esta semana por aceptar que secuestraban a migrantes de la República Dominicana que llegaban ilegalmente a Puerto Rico y que no los dejaban salir de una residencia hasta que sus familiares pagaran miles de dólares para rescatarlos.

Las personas, imputadas en una denuncia hecha por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), fueron identificadas como Iris Janette Nieves Ríos y Junior Melo.

Ambos fueron oficialmente arrestados ayer martes, 8 de agosto, pero la denuncia, o «complaint», se radicó el 7 de agosto. Nieves Rios y Melo enfrentan cargos por secuestro y transportar y mantener a migrantes llamados «aliens» por el gobierno de Estados Unidos.

Como parte de la acusación, los federales incluyeron una foto en la que una de las víctimas, de nombre E.M., se ve atado de manos y pies con una soga y con su cabeza tapada con una camisa roja y con «tape».

El secuestro de los ciudadanos dominicanos estaba ocurriendo en una residencia ubicada en la #2021 de la Calle Esquillín, en San Juan.

Nieves Ríos y Melo admitieron lo que hacían en una entrevista con el FBI.

El caso lo están trabajando los fiscales Jonathan L. Gottfried y Linet Suárez.

Los agentes federales de Estados Unidos ejecutaron una orden de allanamiento y entregaron una citación de un Gran Jurado al presidente ejecutivo de la WWE, Vince McMahon, el pasado julio, según reportes.

McMahon también se está tomando una licencia médica de la compañía de entretenimiento deportivo luego de una reciente cirugía de columna.

WWE dijo en la presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores que, si bien las investigaciones del gobierno sobre McMahon siguen en curso, no se han presentado cargos contra ellas.

La compañía indicó que ha recibido requerimientos voluntarias y obligatorias de documentos, incluso de agencias federales y reguladoras, con respecto a la investigación y temas relacionados.

“WWE ha cooperado en todo momento y comprende y respeta completamente la necesidad del gobierno de un proceso completo”, dijo la compañía en una comunicación escrita.

The Wall Street Journal había informado el año pasado que la WWE estaba investigando un supuesto pago de $3 millones de McMahon a una empleada que se iba después de una aventura consensuada. La investigación de WWE sobre las acusaciones de mala conducta se completó.

“En 2022, WWE formó un comité especial para revisar las acusaciones de mala conducta en mi contra”, dijo McMahon. “Esa revisión concluyó en noviembre de 2022 luego de una extensa investigación. Confío en que la investigación del gobierno se resolverá sin ningún hallazgo de irregularidades”.

El CEO Nick Khan hizo el anuncio de la cirugía de McMahon durante la llamada de ganancias del segundo trimestre de la compañía.

Khan dijo que McMahon se sometió a una importante cirugía de columna hace casi dos semanas y se está tomando la licencia para concentrarse en su recuperación. No especificó la duración de la licencia.

The Associated Press