Comisión de Gobierno busca establecer Ley para crear un Salario Base a los Oficiales Correccionales

Actualmente, hay un total de 4,694 funcionarios de seguridad y custodia de los cuales unos 1,200 oficiales aproximadamente están por debajo del salario básico.

SAN JUAN – En busca de hacer justicia salarial a los Oficiales Correccionales, la Comisión de Gobierno presidida por el senador Ramón Ruiz Nieves realizó una vista pública para atender el Proyecto del Senado 459 que busca crear la “Ley para crear un Salario Base a los Oficiales Correccionales”.

“Este proyecto surge por la cantidad de oficiales que se comunicaron con nuestra oficina, porque se les estableció una esperanza y se quedó ahí. Se les ofreció algo y se quedó ahí… Por lo tanto, lo que busca la medida es, que nosotros podamos llevar ese salario básico a $2,350 y de igual manera, a los Oficiales de Corrección y de Instituciones Juveniles y demás que componen ese sistema que están debajo de esa base, nosotros podamos igualarlos”, enfatizó Ruíz Nieves, quien también es autor de la medida.

El PS459 propone que dicho salario base sea de $2,350.00 dólares mensuales, entre otros fines. Según se desprende de la exposición de motivos “recientemente se ha estado dialogando sobre la posibilidad de aumentos a los oficiales correccionales.

Debe ser política pública de este gobierno y es la intención de esta Asamblea Legislativa, de que se haga lo propio y convierta en realidad este aumento. Los Oficiales Correccionales no reciben un aumento salarial desde hace aproximadamente una década, a pesar de que el costo de vida a aumenta significativamente”.

Además, se establece que con ese salario base “permitiría al gobierno entrar al campo de reclutar talentos y tener servidores públicos del más alto calibre; al llenarse las plazas vacantes permite que haya personal necesario para atender y brindar los servicios necesarios e indispensables para nuestros ciudadanos. En adición a ello este proyecto le hace justicia salarial a nuestros trabajadores y trabajadoras del sistema correccional de País”.

Para auscultar la viabilidad de esta medida la Comisión citó a deponer al Departamento de Hacienda, a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y a la Alianza Correccional Unida.

“Resaltamos que la medida les hace justicia salarial a los empleados del DCR que tanto han aportado con su esfuerzo diario y especialmente durante la pandemia del COVID-19. Ahora bien, nos parece relevante llamar a la atención al hecho de que el Plan Fiscal para el Gobierno de Puerto Rico exige que toda medida que potencialmente afecte los recaudos contributivos deberá cumplir con el denominado Principio de Neutralidad Fiscal establecido en la Sección 17.3.3.”, expuso en su ponencia la AAFAF.

Por su parte, Sixto Marrero Rodríguez subsecretario del DCR manifestó “que el DCR favorece la presenten medida legislativa. En cuanto a la fuente de ingresos para costear el aumento, el DCR brinda deferencia a los comentarios que sometan las agencias especializadas en temas contributivos y presupuestarios con el DH, la AAFAF y la OGP”.

Marrero Rodríguez también expuso que hay un total de 4,694 funcionarios de seguridad y custodia en el DCR, “por definición entendemos que serían elegibles para el aumento propuesto únicamente los oficiales del sistema de rango. Por tal razón, recomendamos que evalúe la posibilidad de ampliar el espacio para incluir a los Oficiales de Instituciones Juveniles”.

Durante la discusión, salió a relucir que de los 4,694 funcionarios un aproximado de 1,200 oficiales son los que no están en el salario básico del DCR. El funcionario no pudo precisar el número exacto por lo que el senador Ruiz Nieves le solicitó a Marrero Rodríguez que presente el número exacto de los oficiales que están por debajo del salario básico.

Por otro lado, la OGP indicó que “es la Oficina para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OARTH) la que establecerá planes de retribución para los empleados de carrera, otro plan de retribución para los empleados sindicados, otro para los empleados excluidos de la sindicación y otro para los de confianza, conforme a su capacidad fiscal, realidad económica y con el método de análisis y evaluación de puestos seleccionados.

El sistema retributivo seleccionado deberá promover la uniformidad y justicia en la fijación de los sueldos de los empleados. Siendo así, consideramos que quien sesta en mejor posición para ilustrar a esta honorable Comisión sobre todo lo relacionado a los salarios y aumentos es la OARTH”.

A su vez, Jessica Martínez Santos presidenta de la Alianza Correccional Unida dijo que “la necesidad de tener un salario competitivo y digno es urgente por la necesidad de retención del recurso humano que está emigrando y la dificultad de reclutamiento por el salario tan bajo que se recibe por nuestras funciones.

Ya es tiempo de que se garantice un salario digno que recompense la milla extra que a diario damos los oficiales correccionales para garantizar la seguridad dentro de las instituciones penales de nuestro país”.

Mientras, el DH quien se excusó de la audiencia pública, pero envió un memorial explicativo expuso que “aclaramos que la medida legislativa no contiene disposiciones que incidan directa o indirectamente con los deberes ministeriales de nuestro Departamento”.

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