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Discuten medida que ampliaría derechos a los guardias de seguridad y detectives privados

Los Departamentos de Seguridad Pública (DSP) y del Trabajo y Recursos Humanos apoyaron hoy, con recomendaciones, un proyecto que busca ampliar y mejorar las condiciones laborales de los guardias de seguridad y detectives privados.

La medida, que enmienda la Ley 108 de 1965, que regula las profesiones de detective privado y guardia de seguridad en Puerto Rico, busca hacer mandatorio que la compañía costee y le provea al menos seis horas de adiestramientos certificados y educación continua a sus empleados cada dos años en temas como el Código Penal, la Ley de Armas y la Ley para Intervención contra la Violencia Doméstica, entre otras.

“Nuestro apoyo a dicha enmienda está cimentado en el hecho de que un guardia de seguridad puede ser el primer funcionario que enfrente una situación de peligrosidad en la cual la vida o propiedad de una persona esté en riesgo, razón por la cual debe tener el conocimiento actualizado sobre legislación que incida en seguridad pública”, expresó en una ponencia el secretario del DSP, Alexis Torres Ríos.

El proyecto legislativo, del senador independiente José Vargas Vidot, fue evaluado en una vista pública ante la Comisión de Seguridad Pública del Senado.

“Resulta imprescindible legislar en pos de uniformar las condiciones de empleo de este sector, garantizar que quiénes laboran en esta industria, cuenten con las debidas protecciones y ordenarles a las agencias pertinentes el llevar a cabo una campaña informativa para que quienes laboran en industria de seguridad en Puerto Rico estén debidamente orientados en cuanto a sus derechos como empleados”, sostuvo el titular del DSP.

No obstante, Torres Ríos objetó otra de las propuestas enmiendas a la Ley 108 que busca disponer que las licencias de los guardias de seguridad y detectives privados expirarán cada seis años.

La pieza legislativa busca prohibir que una agencia retenga la nómina de sus empleados por esta no haber recibido el pago de sus clientes, aumenta de dos a seis años el término de vencimiento de las licencias, dispone que cada agencia debe proveer al menos tres uniformes al empleado y que les garantice acceso a facilidades sanitarias dentro de un radio de 50 pies de su puesto de trabajo.

La pieza legislativa que enmienda la Ley 108 de 1965 que regula las profesiones de detectives privados y guardias de seguridad en Puerto Rico, también aumenta las penalidades e impone sanciones en caso de que una agencia retenga indebidamente el pago de un empleado.

Establece, además, entre otras cosas, que en caso de contar con un grado de bachillerato en Justicia Criminal sólo se exigirá la aprobación de un curso de no más de 200 horas como requisito para la concesión de una licencia de detective privado, especificar que no será requisito ser empleado de una agencia para recibir una licencia de detective privado o guardia de seguridad privado, prohibir que una agencia obligue a un empleado a trabajar horas extra sin haber sido debidamente notificado y obligaría a las compañías a tener un fondo de reserva de $100 por empleado para cubrir el pago de salario y horas extras en caso de no recibir el pago de sus clientes.

La medida ordena al Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos a llevar a cabo una campaña informativa en toda la Isla para dar a conocer las disposiciones contenidas en la pieza legislativa e informar a los a los empleados de las agencias de detectives privados y guardias de seguridad sobre sus derechos.

Además, le ordena a establecer un proceso de querellas anónimas en caso de que una agencia de seguridad retenga indebidamente parte o la totalidad del salario de un empleado en contravención de las disposiciones del proyecto de ley.

“El Negociado de Normas del Trabajo tiene un procedimiento de quejas confidenciales que es utilizado activamente por los trabajadores de la industria de la seguridad pública mediante el cual se reivindican sus derechos para que obtengan los salarios que les corresponden”, sostuvo el secretario del Trabajo, Carlos Rivera Santiago.

Detalló que en el 2020-2021 el Negociado de Asuntos Legales ha atendido 246 reclamaciones en contra de compañías de seguridad “por lo tanto no es necesario que se requiera dicho procedimiento, pues el mismo está en vigor y disponible”.

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