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Pedro R. Pierluisi reacciona sobre la demanda incoada por la Junta de Supervisión y Administración Financiera sobre la Ley de Retiro Digno.

SAN JUAN—La política pública de mi administración siempre ha sido clara en cuanto a los recortes a las pensiones de los retirados del Gobierno de Puerto Rico. Mi compromiso es proteger y honrar las pensiones.

Firmé la Ley de Retiro Digno para reiterar mi posición en cuanto al sistema de pensiones del gobierno. Reconozco que la ley tiene disposiciones que son significativamente inconsistentes con el Plan Fiscal Certificado y que hay una controversia con la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSF) en cuanto a la viabilidad de la misma.

Por consiguiente, le cursé ayer una carta a la JSF en la que le solicité tiempo para buscar alternativas fiscalmente responsables que aseguren los pagos a nuestros pensionados actuales y garanticen una pensión justa a los empleados que laboran en el gobierno desde antes del año 2000, quienes contaban con un compromiso de una pensión definida.

Entiendo que no es necesario litigar en este momento y así lo haremos saber al tribunal. Al mismo tiempo, me voy a continuar enfocando en buscar las soluciones a esta controversia que protejan a nuestros pensionados y que sean fiscalmente viables. Seguiré el curso de trabajo para presentar las medidas legislativas necesarias y resolver esta controversia en beneficio de Puerto Rico y su gente.

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