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Radican más de 100 cargos criminales contra laboratorio ortopédico en Mayagüez y sus dueños

Se alega que entre 2018 y 2021 sometieron reclamaciones fraudulentas a los planes médicos por la cantidad de $1,219,841.44.
Más de 100 cargos criminales fueron radicados contra el Laboratorio Ortopédico y Protésico de Mayagüez y sus dueños, Sixto Agostini Colón y Ruth E. Pérez Laracuente, por presunto fraude al programa Medicaid, informó hoy el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, y el director ejecutivo de la Unidad de Control de Fraude al Medicaid (MFCU), Luis Freire Borges.

Según Emanuelli Hernández, la Unidad de Integridad de Medicaid del Departamento de Salud realizó un referido al MFCU relacionado con reclamaciones presuntamente fraudulentas presentadas por el Laboratorio Ortopédico y Protésico a los planes médicos.

Explicó que el Laboratorio Ortopédico y Protésico lleva operando por espacio de más de 30 años en la fabricación de prótesis en el municipio de Mayagüez. Se alega que entre enero de 2018 y abril de 2021, el laboratorio sometió reclamaciones fraudulentas a los planes médicos Molina Healthcare y Plan de Salud Menonita por la cantidad de $1,219,841.44.

Como parte del esquema, se presume que Agostini Colón y Pérez Laracuente se apropiaban ilegalmente de las identidades de protesistas para poder facturar y cobrar ante los planes médicos. Con este esquema, le daban cierta legitimidad al proceso de fabricación y entrega de prótesis.

A los propietarios se les radicaron dos cargos por apropiación ilegal de fondos públicos, seis cargos por apropiación ilegal de identidad, seis cargos por posesión y traspaso de documentos falsos, 45 cargos por fraude al programa Medicaid y 12 cargos por fraude.

A la corporación Laboratorio Ortopédico y Protésico se le sometieron dos cargos por apropiación ilegal de fondos públicos, 45 cargos por fraude al Medicaid y 12 cargos por fraude.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Brenda Rosado Aponte, junto a la agente Rosalía Berenguer Zurita del MFCU y el agente especial Fernando Vázquez Barreto de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud de los Estados Unidos.

La jueza Alfrida Tomey Imbert del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa por todos los delitos imputados e impuso una fianza de $350,000 a cada uno. La vista preliminar fue señalada para el 21 de junio.

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