El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, confirmó hoy que el Tribunal de Apelaciones revocó la determinación de la jueza Nerisvel Durán de suprimir la prueba de alcohol en el caso que lidera la Fiscalía de San Juan contra Mayra Enid Nevárez Torres. 

Nevárez Torres es la conductora imputada de provocar el accidente en el que murió Justin Santos Delanda, hermano del exponente urbano Arcángel, y en el que resultó herido Keven Monserrate Gandía mientras viajaba como pasajero en un vehículo Can-Am por el Puente Teodoro Moscoso en San Juan. 

Emanuelli Hernández señaló que con esta determinación el Tribunal de Apelaciones confirmó que los agentes a cargo de la investigación y los fiscales que procesaron el caso “actuaron conforme a la ley y con rigor”.

“Con esta decisión del Tribunal de Apelaciones estamos listos para proseguir a la etapa de juicio con un caso sólido”, añadió el secretario de Justicia.

“Nos hemos comunicado hoy con los familiares de la víctima para informarles sobre esta decisión y los próximos pasos a seguir por parte del fiscal Santiago Quiles, quien lidera este proceso judicial de forma muy responsable”, agregó. 

La imputada, de 46 años, enfrenta cargos por violación a los artículos 5.07 y dos del 7.06, de la Ley 22 de Vehículos y Tránsito, por ocasionarle la muerte a Santos Delanda y grave daño corporal a Monserrate Gandía al conducir de manera negligente y en estado de embriaguez.

Además, enfrenta un cargo menos grave bajo el Artículo 7.02 por manejar en estado de embriaguez.

De acuerdo con la investigación de la División de Patrullas de Carreteras de San Juan, el 21 de noviembre de 2021, Nevares Torres conducía un vehículo Hyundai Tucson en estado de embriaguez y en contra del tránsito, y provocó el accidente fatal en el puente Teodoro Moscoso en el que estuvieron involucrados varios vehículos. A la imputada se le hizo una prueba de alcohol en sangre que arrojó .29%. 

El límite permitido por la Ley 22 para manejar un vehículo de motor es de 0.08%.

La fiscal Betzaida Quiñones Rodríguez, quien en el pasado manejó los casos criminales del artista Kevin Fret y el abogado Carlos Cotto Cartagena, renunció a su puesto en el Departamento de Justicia, informó la agencia hoy, viernes.

“Confirmamos que recibimos copia de la renuncia presentada por la fiscal Betzaida Quiñones Rodríguez a la Oficina del Gobernador, trámite correspondiente para quienes ostentan un nombramiento como fiscal.

Por tratarse de un asunto revestido de confidencialidad, no podemos comentar sobre las investigaciones en curso que se iniciaron tras la resolución emitida por el Panel del FEI que desmintió las alegaciones de Quiñones Rodríguez en torno a que le fueron paralizados dos procesos investigativos en el año 2019, por la pasada jefa de los fiscales, Olga Castellón.

El proceso se encontraba en etapa final“, indicó Justicia en declaraciones escritas.

Quiñones Rodríguez se hizo notar en la discusión pública luego de que denunciara presuntas irregularidades en los casos que manejaba y su inconformidad por cómo fueron asumidas las denuncias por la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI).

“La resolución del FEI, emitida como resultado de una investigación realizada por la licenciada Crisanta González Seda, delegó en el Departamento de Justicia evaluar si procedía una acción administrativa por la conducta de la ahora exfiscal, quien no pudo justificar su inacción en la investigación de la muerte de Kevin Fret Rodríguez.

Lamentamos que Quiñones Rodríguez haya renunciado súbitamente, sin haber permitido una transición ordenada en los casos que tiene a su cargo, particularmente el de Kevin Fret Rodríguez, y en beneficio del proceso investigativo y de las víctimas“, concluyó el comunicado.

El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, se expresó este viernes en la tarde en torno a la decisión de la jueza Nerisvel Durán Guzmán, que determinó suprimir como evidencia una prueba de sangre que confirmaba que una persona estaba en estado de embriaguez cuando arrolló mortalmente a Justin Santos Delanda, hermano de Arcangel.

“Respetamos la labor jurídica de la jueza Nerisvel Durán Guzmán, pero entendemos que erró en derecho al suprimir la prueba de alcohol realizada a Mayra Enid Nevárez Torres, acusada por provocarle la muerte a Justin Santos Delanda mientras conducía en estado de embriaguez. Por lo que apelaremos la determinación del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

La Fiscalía de San Juan, muy bien representada por los fiscales Edmanuel Santiago Quiles y Jesús Torres González, presentó prueba suficiente para que quedara demostrado el consentimiento brindado por la acusada para que se le realizara la prueba de alcohol en la sangre y que dicho proceso se hizo conforme a la ley. Cinco testigos corroboraron el estado en que se encontraba la acusada y el consentimiento otorgado por esta.

El procesamiento de Nevárez Torres no acaba con esta determinación. El Departamento de Justicia continuará ahora en la etapa de juicio hasta que la acusada responda y pague por los delitos que cometió al causarle la muerte a Justin. Nuestra solidaridad con la familia de la víctima”, afirmó Emanuelli Hernández.

La jueza Durán Guzmán decidió suprimir toda la evidencia de alcohol en la sangre contra Nevárez Torres, acusada por la muerte de Santos Delanda, hermano de Arcángel.

La jueza decidió:

1- Fue un registro irrazonable

2- Se llevó a cabo sin motivo fundado

3- No fue consentido

Pedido en diciembre pasado

La jueza del Tribunal de San Juan que atiende la vista para suprimir evidencia relacionada con la muerte del hermano de Arcángel, Justin Santos Delanda, enfrenta una petición del Ministerio Público que la descalificaría para evaluar el proceso legal. 

Esa moción fue declarada no ha lugar.

Mediante una moción urgente los fiscales del Departamento de Justicia solicitaron que la jueza Nerisvel Durán Guzmán se inhiba de determinar que varias piezas de evidencia en contra de Mayra Nevares Torres sea suprimida, luego de que la togada supuestamente emitiera comentarios sobre un testigo que ponen en entredicho su imparcialidad para adjudicar la controversia.

El Ministerio Público señaló en su escrito de 10 páginas que “sin conocer la naturaleza del testimonio que ofrecerá ese testigo en el momento que se siente a declarar, catalogó en tres (3) ocasiones como una ‘chapucería’ el certificado del análisis preparado. Peor aún, la Honorable Durán Guzmán pasó prematuramente juicio sobre el carácter y profesionalismo del testigo perito sin que éste se haya sentado a declarar”, indicaron los fiscales Emmanuel Santiago Quiles, Luis Carrau Lebrón y Jesús Torres González, adscritos a la fiscalía de San Juan.

“En audiencia pública lo caracterizó [como] un profesional falto de seriedad, cuidado y formalidad. Lo anterior fue escuchado por los presentes en sala y reseñado por la prensa del país. Respetuosamente, señalamos que sus duras y desatinadas expresiones la inhabilitan para atender y adjudicar el asunto ante su consideración, pues develan claramente que, sobre este asunto, la Honorable Durán Guzmán ya no podrá adjudicar imparcialmente un valor probatorio adecuado al testimonio de ese perito”, adujeron los fiscales.

En marzo, luego de evaluar la prueba presentada por la Fiscalía, la jueza del tribunal de San Juan, Alexandra Rivera Sáez, encontró causa para juicio contra Nevares Torres, quien conducía en contra del tránsito de manera negligente y en estado de embriaguez, la madrugada del 21 de noviembre de 2021, en el Puente Teodoro Moscoso. 

Forenses defiende a sus peritos

La directora ejecutiva del Instituto de Ciencias Forenses, doctora María Conte Miller, indicó en declaraciones escritas que tiene el deber de proteger la integridad y credibilidad del instituto y sus profesionales. Además, resaltó que “El Instituto de Ciencias Forenses está acreditada por la ANSI National Accreditation Board (ANAB), la organización de mayor prestigio en la comunidad científico forense a nivel internacional. Nuestros laboratorios y el trabajo de nuestros peritos es periódicamente auditado por la ANAB”.

Asimismo, informó que “los análisis periciales cumplen con los estándares de acreditación ISO: 17025 que exigen estrictos controles de calidad, procesos estandarizados y revisión de informes (doble cotejo por otro perito) para ofrecer al sistema de justicia y al pueblo, un servicio confiable, objetivo e imparcial”.

“El hecho irrefutable de que nuestros peritos están acreditados por ANAB en Puerto Rico, es una garantía de que están en cumplimiento con todos los estándares de acreditación para proveer evidencia robusta y confiable. Ningún perito forense privado cuenta con esa garantía y distinción”, concluyó la doctora Miller.

El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, informó que la Fiscalía de Guayama presentó hoy cargos de trata humana, agresión sexual y maltrato de menores contra Carlos A. Casiano Rodríguez y Elvimarie Claudio Rodríguez, a quienes se les imputa agredir y explotar sexualmente a una menor, que al momento de los hechos tenía doce años.

Conforme a la investigación, durante el mes de julio del año 2015, Claudio Rodríguez trasladó a la menor, en al menos dos ocasiones, a localidades distintas en el municipio de Guayama para que Casiano Rodríguez la explotarla sexualmente, a cambio de lo cual recibió pagos o beneficios por parte del imputado. La niña se encontraba bajo el cuidado de Claudio Rodríguez, quien ejercía autoridad sobre ella al momento de los hechos. Los imputados no tienen ningún tipo de relación sentimental ni parentesco.

“Los hechos de este caso son deplorables y repudiables. La investigación demuestra que estas personas se aprovecharon de la vulnerabilidad de una niña para explotarla y abusar sexualmente de ella. Este tipo de actuación no tiene cabida en nuestra Isla y lo vamos a procesar hasta las últimas consecuencias”, expresó el secretario de Justicia.

Tras escuchar la prueba presentada por el Ministerio Público, el juez Ángel Rodríguez, del Tribunal de Primera Instancia de Guayama, determinó causa para arresto y le fijó una fianza de $260, 000 a cada imputado.

La agente Yanixia Sánchez Soto estuvo a cargo de la investigación por parte de la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Negociado de la Policía.

La vista preliminar fue señalada para el 12 de junio.

La profesional de la salud, quien es dueña del Hogar Huellas Corporation, enfrenta desde ayer martes cargos en total radicados por la Unidad de Control de Fraude al Medicaid del Departamento de Justicia.

La enfermera Zulma Morales Sierra, quien junto a su negocio de cuidado de envejecientes Hogar Huellas Corporation, en Aguas Buenas, enfrenta 17 cargos por maltratar y explotar financieramente a dos mujeres con discapacidades negó todos los hechos que se le imputan a nivel estatal.

Desde ayer, la mujer está con grillete electrónico y libre bajo fianza después que la jueza Yaritza Santiago San Antonio, del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, determinara causa en todas las denuncias y le impusiera una fianza de $39 mil que pagó.

“Esto es un caso fabricado y en su momento se va a ver la verdad. Tranquila. Esto es un malrato y ya. Esto no debió llegar a este nivel. Esto es algo que, cuando se nos deje presentar toda la evidencia, todo se va a aclarar”, aseguró Morales Sierra a su salida de la corte.

“Lo que se alega no es real, no lo es. Eso nunca pasó, la realidad es que nunca pasó”, añadió a preguntar del reportero Felipe Gómez Martínez.

De acuerdo con la fiscal Janice Maymí Camacho, de la Unidad de Control de Fraude al Medicaid del Departamento de Justicia, 12 declaraciones juradas y una querella de los familiares de dos hermanas con discapacidad de 38 y 42 años de edad dieron paso a la pesquisa.

Esos seres queridos alegaron que la institución de cuidado de larga duración cometió “serios actos de maltrato, abuso y negligencia hacia sus hijas” entre el 11 de septiembre del 2020 y 16 de abril de 2021.

Maymi Camacho explicó en sala que, debido a la negligencia y el abuso que padecieron ambas mujeres en el hogar, éstas sufrieron desnutrición y sus cuerpos y salud se deterioraron mientras Morales Sierra recibía los pagos de los padres de las mujeres por servicios que no brindaba.

A la enfermera y propietaria se le imputa haberse apropiado, mediante fraude y engaño, de $18,900.

De acuerdo con la investigación de la agente de la Unidad de Control de Fraude al Medicaid, Loraine Hernández Rodríguez, Morales Sierra también engañó a los padres de las dos hermanas al hacerles creer que tenía la autorización del Departamento de la Familia para recibir en su institución a las mujeres y ofrecerles las atenciones.

La pesquisa también reveló que, en el curso de una investigación del Departamento de la Familia, Morales Sierra poseyó y circulo unos documentos clínicos con la intención de acreditar el buen estado de salud de ambas adultas y servicios de salud brindados en el hogar con conocimiento que su contenido era un dato falso. Justicia sostuvo que la mujer tenía conocimiento pleno de que la información en los documentos era falsa, pero logró que estos fueran aceptados, registrados y así incorporados como parte del expediente por la agencia.

La vista preliminar fue pautada para el 15 de mayo.